El ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas ha creado un Decreto Ley que se chotea de la ley de Bienestar Animal, puede ser el arma definitiva para eliminar las colonias felinas y, tras mes y medio en vigor, ya ha matado a una perrita. Esta norma, que ha cabreado a veterinarios, propietarios y animalistas por igual, consiste en dificultar el acceso a los antibióticos para "evitar resistencias". ¿Es necesario? No. La UE dice que somos el país que más ha reducido el uso de antibióticos en animales. ¿Es peligroso para los animales? Si. Mucho. Y también más caro para los propietarios.
La perrita Selva se ha convertido en la primera víctima mortal de esta ley. Tenía una infección producida por la mordedura de otro perro. Su veterinario quería tratarla con una combinación de antibióticos, pero la ley no lo permite sin hacer antes un antibiograma, una prueba de cultivo que tarda como mínimo una semana. Selva falleció de sepsis cuatro días antes de que llegasen los resultados de la prueba.
El equipo veterinario que trató a Selva está destrozado por la rabia y la impotencia. No es habitual que un animal se acabe muriendo por cuestiones burocráticas cuando el medicamento para evitarlo está disponible en cualquier farmacia. Y, por si fuera poco, todavía tienen que aguantar cómo varios miembros de un partido político animalista les recriminan no haberse saltado la ley para salvar a Selva.
Los culpables de la muerte de Selva son esos políticos que han atado las manos de los veterinarios a la hora de aplicar su criterio médico bajo amenaza de multas de entre 60.000 y un millón de euros. Los mismos que, escudándose en criterios ambientales, han ignorado ese apartado de la Ley de Bienestar Animal que obliga a los propietarios a prestar a sus animales "los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud".
Gatos en peligro
Y ya puestos, también me gustaría conocer la opinión del director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra. Después de tanto trabajo para garantizar la salud, los derechos y el bienestar de los gatos comunitarios, llega Planas y saca una ley que condena a los animales callejeros y pone en serios aprietos a los cuidadores de las colonias felinas.
No estoy hablando de que haya que identificar a los animales con el número de chip en las recetas de antibióticos. Los colegios veterinarios ya han dejado claro que "en cuanto a los animales sin identificar en situación de peligro de muerte deben atenderles sin duda alguna pudiendo directamente el veterinario aplicar los medicamentos que sean necesarios para ello desde su botiquín".
Me refiero a otro problema mucho más cruel del que ya están alertando varios veterinarios. Cuando llega a la consulta un gato callejero que requiere un antibiótico, los profesionales solían administrar un medicamento (cefalexina) que dura 15 días en el organismo del animal. Ahora no pueden. El Gobierno no les deja, salvo que alguien pague el famoso antibiograma y se haga cargo del gato hasta que lleguen los resultados.
¿Cuál es la solución? Deben recurrir a un antibiótico permitido, aunque su eficacia solo dura dos o tres días. Así que, salvo que el cuidador de la colonia pueda volver a capturar al animal, lo más probable es que el gato acabe muriendo por la infección. Sin duda, todo un éxito para el bienestar animal.