El nuevo escenario internacional que emerge tras la victoria de Donald Trump obliga a todos los países europeos, y muy significativamente a España, a afrontar con determinación sus desafíos estructurales para impulsar la productividad y competitividad de sus economías.
Las empresas serán actores clave por su capacidad para generar riqueza y empleo, por lo que apostar por el tejido empresarial será un acierto para aquellos gobiernos que lo sepan ver. Diseñar un entorno que fomente la atracción y retención de talento e inversión, adaptar áreas clave como educación, fiscalidad y entorno regulatorio, permitirá avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo.
Ante este reto, cabe hacernos dos preguntas. ¿Están preparados los empresarios españoles para afrontar este reto? La respuesta es sí. ¿Tienen las condiciones necesarias sus empresas para asumirlo? En este caso, hay que contestar que no. ¿Cómo explicar esta aparente dicotomía?
La respuesta la podemos encontrar en el reciente estudio elaborado por FUNCAS denominado Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social y realizado a partir de una serie de encuestas a 400 empresarios y directivos y en 60 entrevistas personales.
Los primeros datos que extraemos del estudio dan respuesta a la primera de las preguntas. Nuestros empresarios consideran que tienen dos ventajas comparativas respecto a sus correligionarios europeos: la voluntad de mantener sus empresas y la disposición a asumir riesgos. Hasta un 40% se califican a sí mismos como mejores en lo que se refiere a la capacidad de resistir y conseguir que sus negocios pervivan, mientras que un 31% señala su superioridad respecto a su capacidad para hacer frente a los riesgos que toda actividad emprendedora conlleva. Así pues, se perciben como personas bien formadas, comprometidas con su proyecto y que no se van a arredrar ante dificultades y problemas. Están preparados.
Ahora bien, el entorno en el que el empresario ejerce su labor no acompaña para afrontar el desafío con garantía. También encontramos las razones en el estudio señalado: el 56% de los encuestados considera que España no es un buen país para poner en marcha una empresa debido, principalmente, a la alta fiscalidad, la regulación laboral y la excesiva burocracia que está caracterizando a los Gobiernos de Pedro Sánchez.
Sabemos que el peor enemigo del crecimiento económico es la incertidumbre. Por contra, si hay un factor que determina la capacidad de atraer inversión y generar un marco favorable al emprendimiento, ese es ofrecer seguridad jurídica y administraciones poco intervencionistas y burocratizadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece lo contrario. Su intervencionismo económico exacerbado, la colonización que ha llevado a cabo en todos los organismos en los que ha podido y la erosión y descrédito a los que ha sometido a nuestro ordenamiento judicial (un fiscal general del Estado imputado, el Constitucional utilizado como herramienta política, nombramiento de altos cargos judiciales por criterios políticos, Ley de Amnistía…) han provocado la mayor degradación institucional de nuestra historia.
No es de extrañar que el empresariado español considere más perentoria la reforma de la Administración pública que la del Estado del Bienestar, toda vez que señalan la hiperregulación (34%), la excesiva burocracia (33%) y la inseguridad jurídica (12%) como las principales razones para explicar el escaso atractivo empresarial de España.
Pero, sin duda, de entre todas las barreras a la prosperidad, más de la mitad de los encuestados (el 55%) señala la alta fiscalidad como la más preocupante. Es lógico, toda vez que Sánchez ha castigado a los españoles con 97 subidas de impuestos, entre las que la actividad económica y los empresarios han sido uno de sus principales destinatarios.
Su voracidad recaudatoria ha provocado que hoy la presión fiscal empresarial sea un 17% más elevada que la media de la Unión Europea y que el esfuerzo fiscal que tienen que realizar los empresarios españoles sea un 14% superior al que realizan nuestros socios europeos.
Como resultado, con Sánchez en el Gobierno hemos perdido siete puestos en la competitividad fiscal europea, pasando a colocarnos en la parte más baja de la tabla: ocupamos el puesto 29 y tan sólo tres países europeos tienen un índice de competitividad peor al nuestro.
En el contexto de una economía globalizada, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, y, con todo ello, pérdida de oportunidades de empleo.
Es algo que ya está sucediendo. La inversión privada sigue en niveles lejanos a los de 2019, las empresas invierten un 3,5% menos que ese año e, incluso, el esfuerzo inversor se ha reducido hasta el 19%, un valor que todavía es un 5% inferior al registrado antes de la llegada de Pedro Sánchez.
Paralelamente, la tasa de paro española es la más alta de la Unión Europea, la única entre 38 países de la OCDE por encima del 10%.
Todo es muestra de una política estatal que, además de diseñar el modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico de Europa, gobierna contra los empresarios y criminaliza su labor. Así lo consideran también la mayoría de encuestados, que señalan que el trato desfavorable que ha prevalecido en los últimos años en los socios que conforman el Gobierno ha provocado un empeoramiento de su imagen social, una sensación de deterioro que no existía en la investigación precursora de la actual, realizada en 2019.
Es otra muestra del fundamentalismo ideológico del Gobierno y de la miopía de Pedro Sánchez, que no quiere ver que el castigo que dispensa a nuestro tejido productivo es un castigo a todos los españoles, a sus posibilidades de encontrar empleo, a su capacidad de ser más competitivos, de estar en mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que depara el futuro.
La empresa española, nuestros emprendedores, no merecen un presidente del Gobierno que les dé la espalda. El resto de los españoles, tampoco.