Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, levantó la liebre al afirmar que España ha dicho que está dispuesta a incrementar su gasto militar hasta el 2% del PIB este mismo verano.
Dichas palabras no han sido especialmente bien recibidas en el Gobierno de Pedro Sánchez, el cual puso como fecha tope el año 2029 para conseguir dicho objetivo.
Lo que han destapado estas declaraciones de Rutte es que Sánchez tiene un doble discurso: por un lado lo que le dice a sus socios antiotanistas de gobierno, a los cuales tranquiliza poniendo fechas lejanas, y por otro lo que les dice a los socios de la OTAN, a los que les promete que llegará a ese objetivo en dos trimestres.
La verdad sólo la sabe el propio Sánchez —y ni si quiera está claro que él mismo lo tenga decidido— y muy probablemente no será ninguna de las dos cosas.
Lo cierto es que, si España quiere llegar al 2% del gasto del PIB en defensa en verano, tiene un reto presupuestario mayúsculo: ahora mismo, dedicamos un exiguo 1,28% y, para llegar al 2%, lo cual implicaría un incremento del 56,25% del gasto militar, necesitaríamos invertir unos 11.500 millones más.
La cuestión es, ¿de dónde sacamos esos 11.500 millones?
Una primera solución obvia sería recortar de otras partidas, pero un ajuste presupuestario de ese tamaño en un plazo tan corto de tiempo implicaría un shock de enormes dimensiones. Para que se hagan una idea, los famosos recortes de Rajoy del año 2012 en sanidad y educación fueron de un importe total de unos 10.000 millones, y no veo a Pedro Sánchez asumiendo la impopularidad que tuvo que padecer Rajoy durante buena parte de su mandato.
Otra vía sería incrementar los ingresos, pero ahí el Gobierno tiene una callejón fiscal sin salida. El impuesto a las eléctricas, con el que el Estado recaudaba unos 1.200 millones, ha caído por la presión de sus socios, y el de la Banca, con el que recaudaban 1.600, lo han mantenido a duras penas.
Tampoco parece que haya mucho más margen para que se practique el populismo fiscal con las grandes fortunas, pues apenas consiguieron recaudar 600 millones en 2023 hasta que las comunidades autónomas a las que se les impuso esta armonización fiscal reactivaron el Impuesto sobre Patrimonio.
Por otro lado, no los veo haciendo una subida drástica de impuestos como la practicada por Montoro en lo peor de la crisis: aún con las medidas tan duras aplicadas en el IVA y el IRPF de 2012, las expectativas de incremento de la recaudación eran de unos 13.500 millones, y no visualizo a Montero por la labor de asumir la misma impopularidad que Montoro.
La solución más eficiente y más digna políticamente sería reducir la grasa del Estado: diversos economistas, desde Álvaro Anchuelo hasta Francisco De la Torre, ya han expresado que tenemos un modelo territorial absolutamente disparatado e ineficiente, que provoca duplicidades y consume unos recursos que no tenemos.
Sin ir más lejos, estos economistas afirmaron que fusionando municipios y suprimiendo las anacrónicas diputaciones provinciales habría ahorro potencial de hasta 20.000 millones de euros cada año.
Obviamente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, pero se podría usar ese 1,5% sobre el PIB de extra de déficit que Bruselas está dispuesta a dar a los estados —siempre y cuando lo destinen a ayuda militar y no a trenes como ha defendido Óscar Puente— hasta cumplimentar dicha reforma. Así conseguiríamos cumplir nuestros compromisos internacionales sin recortar en servicios sociales ni subir impuestos.
Sin embargo, ya les adelanto a los lectores que esto no se hará: Sánchez no sacrificará a miles de cargos políticos y de libre designación de la administración local y provincial por el bien del país.
O bien incumplirá con nuestros compromisos destrozando aún más nuestra imagen internacional, o bien sacará el dinero de la forma más inesperada criminalizando a algún colectivo que le sea útil en ese momento: las grandes empresas, los propietarios de viviendas, los inversores internacionales… Lo único previsible del Presidente es la imprevisibilidad.
La historia es implacable: ningún país ha conservado su soberanía ni su influencia internacional financiando redes clientelares mientras descuidaba su defensa. Ni Roma, ni Bizancio, ni las potencias europeas del siglo XX sobrevivieron al autoengaño de pensar que el bienestar interno podía mantenerse al margen de los equilibrios de poder global.
Hoy, España se enfrenta a una elección que va mucho más allá de los presupuestos: elegir entre la modernización del Estado o la irrelevancia internacional, entre ser un aliado fiable o un espectador subvencionado, entre actuar con responsabilidad o seguir jugando a que el mundo no va con nosotros.
Cumplir con el 2% en defensa no es solo una exigencia técnica de la OTAN: es una prueba de madurez política. Y por eso, precisamente por eso, es tan improbable que este Gobierno esté dispuesto a superarla.