El consejero de Educación de la Generalidad catalana que abanderó el linchamiento de la familia del niño de Canet ya no está en primera línea de la política. De hecho, no está en la primera línea ni en paradero conocido. Su pista se perdió en el "Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa" (CESIRE), un extraordinario chiringuito de la Generalidad cuyo nombre debería ser considerado delito contra la inteligencia y el anticipo de una estafa.
El desaparecido responde al nombre de Josep Gonzàlez Cambray, miembro de la Esquerra Republicana con una apabullante hoja de servicios en favor de la República Catalana y del hombre nuevo catalán. El tipo que se negó a aplicar la sentencia sobre el 25% de español en la educación obligatoria. Gonzàlez Cambray, personaje poco conocido pero que explica cómo es posible que en Cataluña haya gente viviendo en la calle mientras existe una cosa llamada "Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa".
Tras proezas como la de alentar los señalamientos contra las familias que pedían algo de español para sus hijos y pregonar las excelencias de la escuela catalana, siempre "verde, feminista, social y en catalán", fue cesado por las protestas de sus propias huestes, hartas de sus aires de suficiencia y mezquino comportamiento. De un día para otro, uno de los símbolos del supremacismo lingüístico catalán fue cesado. Y de un día para otro también, nombrado "investigador" del inaudito "Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa".
Gonzàlez Cambray vuelve a ser noticia porque el diario digital catalán El Món (el mundo) ha publicado que se embolsó miles de euros por un trabajo de investigador del que no consta prueba alguna. Es decir, que el exconsejero habría perpetrado lo que en el argot se conoce como hacer un David Sánchez. El citado medio explica que gracias a una denuncia anónima hay constancia de que no hay constancia de ningún trabajo por parte de Gonzàlez Cambray durante 238 días en el CESIRE, tiempo en el que cobró de las arcas públicas la exacta cantidad de 26.706,68 euros netos.
La denuncia anónima ha derivado en una pregunta de la "Oficina Antifraude" al gobierno catalán cuya respuesta es que "no hay constancia de reuniones en el marco del Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa (CESIRE) en las que participase el exconseller y tampoco hay constancia documental de proyectos o acciones en los que participó".
Se podría pensar que el exconsejero está pillado por los dídimos y no tiene escapatoria, pero se debe tener en cuenta que la "Oficina Antifraude" de Cataluña se creó en tiempos de Jordi Pujol. Y también que si bien la "Oficina" se ha movido hasta el punto de conseguir una respuesta del Govern no es mucha más cosa que el CESIRE de marras, uno de esos chiringuitos donde se aloja la crema de los partidos políticos, los más sectarios, los más inútiles o los más hermanos.
"El Món ha intentado de manera insistente obtener la versión de Cambray. Se ha solicitado en varias ocasiones desde el 13 de marzo, tanto por teléfono como por correo electrónico a la Diputación de Barcelona. A pesar de tener constancia de que conocía la petición de este diario, ha sido imposible ponerse en contacto con él", se dice en la noticia.
Lo último que se supo de este ciudadano es que su nombre consta como "Coordinador del Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial" de la Diputación de Barcelona. Buen Gobierno, sí. Un gobierno de p. m. Cabe suponer que tras la prestación de servicios en el CESIRE tan fundamentales como secretos, el abnegado Gonzàlez Cambray fue destinado a la Diputación de Barcelona, otro frente del Este del catalanismo de cobrar sin trabajar. ¿Sabrá dónde está su despacho?