Nacho Cano y los estragos de una persecución política

La Audiencia de Madrid ha archivado la investigación que se seguía contra el artista y compositor Nacho Cano con la excusa de los jóvenes mexicanos que participaban en calidad de estudiantes en prácticas en el montaje del musical Malinche. En una burda maniobra impropia de un régimen democrático, la policía política del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de construir una causa basada en el delirio de que Nacho Cano estaba al frente de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas.

Contra toda lógica y de un modo totalmente irregular, los agentes de Marlaska sometieron a los estudiantes mexicanos a unos interrogatorios que duraron alrededor de once horas y en los que trataron de estos señalaran a Nacho Cano como un despiadado explotador que les sometía a unas condiciones de vida y trabajo indignas, un delincuente de la peor especie que se aprovechaba de sus fama y de sus contactos políticos para vulnerar las leyes sin consecuencias.

Desde el primer momento quedó claro que Nacho Cano estaba siendo sometido a una persecución política, que su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confería a su caso ese punto ejemplarizante tan del agrado de la "justicia" socialista. Las actuaciones policiales y las diligencias judiciales emprendidas contra Nacho Cano carecieron del más mínimo rigor procesal y constituyen todo un ejemplo de utilización partidista de la justicia y de la policía. El ministro de Interior debería haber dimitido por ello, pero estamos hablando de Grande-Marlaska. También debería reflexionar sobre su papel en este desgraciado asunto el titular de Justicia, Félix Bolaños. No ocurrirá ni una cosa ni otra.

Sin embargo, ha quedado demostrado que el sanchismo es capaz de utilizar todos los mecanismos a su alcance para destruir la reputación y la vida de quienes considera enemigos, por muy disparatadas que resulten las acusaciones. A este respecto, destaca un párrafo de la resolución de la Audiencia de Madrid en el que se indica que los investigados "no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea".

De modo que no hubo delito ni intención de cometer un delito por parte de Nacho Cano, sino que actuó conforme a la ley y a la costumbre. En cambio, quienes emprendieron la caza al hombre contra Cano se saltaron todas las normas. No se puede decir lo mismo de quienes tienen en sus manos casos como el de la esposa del presidente del Gobierno o el de su hermano. En ese caso, agentes y magistrados llevan a gala un escrupuloso respeto por las leyes y por los derechos que asisten a los investigados. Esa es una de las diferencias entre la Justicia y lo que entienden en el sanchismo por justicia.

El escándalo policial y judicial sufrido por Nacho Cano, su compañía y los jóvenes mexicanos retrata al Gobierno de Pedro Sánchez desde una perspectiva diferente a la de la corrupción que rodea al jefe del Ejecutivo. Como es obvio, tampoco sale favorecido, salvo que se trate de emular a regímenes sin garantías democráticas.