La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó esta semana que estaba trabajando para sacar en breve una legislación que impida inscribir a los niños nacidos fuera de España por gestación subrogada.
En vez de ir en la dirección contraria y de articular una ley garantista que permita realizar esta práctica con seguridad en España, la Ministra pretende aprobar una legislación que cercene los derechos de unos menores que no tienen culpa de nada.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya falló contra Francia por tener una legislación similar y obligó al país a registrar a niños nacidos por gestación subrogada, por lo que aprobar una medida así no solamente sería injusto, sino que su utilidad sería limitada.
Los detractores de los mal llamados vientres de alquiler utilizan argumentos tan peregrinos como endebles: que si supone una mercantilización del cuerpo de la mujer, que si se están comprando vidas humanas, que si se aprovechan de las necesidades de mujeres pobres…
Pero ninguno de esos argumentos resiste un mínimo análisis.
En primer lugar, porque todos mercantilizamos nuestros cuerpos y nuestras mentes cada día que vamos a trabajar. Mirar la pantalla de un ordenador 8 horas todos los días tendrá unas secuelas físicas y psicológicas irreparables para mí, pero lo acepto a cambio de una compensación económica, al igual que le sucede a una limpiadora o a un minero. ¿Por qué sí es aceptable que te dejes la espalda limpiando habitaciones de hotel a cambio de una miseria, pero no que aceptes miles de euros a cambio de pasar un embarazo?
Asimismo, tampoco implica comprar una vida humana, ya que aplicando ese argumento con las adopciones internacionales también estarías comprando a un niño, pues supone en la mayoría de los casos tener que desembolsar una cantidad considerable de dinero a cambio de poder tener un hijo.
Respecto a lo de aprovecharse de las necesidades de mujeres pobres, lo que se evidencia es que la clave no está en prohibir, sino en regular. Si se estableciera una legislación que sólo permita que una mujer que demuestre que es solvente económicamente y que se encuentre sana física y psicológicamente pueda ser gestante, nadie con penurias económicas se podría ver obligado a tener que recurrir a ella.
La cuestión es la siguiente: si una mujer quiere aceptar 30.000€ por ser gestante para irse de viaje, pagarse un máster o para la entrada de una casa, ¿quién narices es el Estado para impedírselo?
Lo que puede que el lector no recuerde es que, en 2015, todos los partidos relevantes estaban a favor de regular la gestación subrogada, pero fue el PSOE cambiar de postura impulsado por sus hembristas recalcitrantes y pasaron todos—con la excepción del PP, el cual mantiene una cobarde ambigüedad— a posicionarse en contra de forma de una forma visceral.
Por un lado, la izquierda se opone porque, al igual que hace con las cuotas de género o la discriminación positiva, trata a las mujeres como disminuidas mentales a las cuales hay que proteger de sus propias decisiones.
Por otro, la derecha se posiciona en contra movida por una visión conservadora de la familia y de la maternidad, en la que cualquier alteración del modelo tradicional se percibe como una amenaza ideológica.
En el fondo, todo se reduce a lo mismo: individuos que creen que pueden usar al Estado para imponernos a los demás su moral particular.
Una premisa básica del liberalismo es que el Estado no puede prohibirnos ejercer nuestras libertades siempre y cuando su puesta en práctica no implique que se conculquen los derechos de un tercero.
Aquí no se conculcan los derechos de nadie: la gestante toma una decisión informada y consciente que le repercutirá en un beneficio económico que ella considera suficiente, una pareja verá cumplido su sueño de poder ser padres y un menor llegará al mundo de una forma consciente y deseada, que es más de lo que pueden decir la mayoría de los individuos que pueblan la Tierra.
Lo que nos jugamos no es sólo que se cercenen los derechos de miles de familias, sino el poder conformar una sociedad en la que no haya individuos que, desde púlpitos ideológicos o dogmas religiosos, nos impongan a los demás cómo hemos de vivir.
Me temo que en esto, como en otras tantas cosas, la batalla no va de úteros ni de contratos, sino de libertad. La gestación subrogada es, en efecto, la prueba del algodón del iliberalismo, ya que si se le rasca un poco el barniz progresista o conservador, lo que aparece es siempre lo mismo: el viejo impulso de controlar al otro, de decirle cómo debe vivir, amar o formar una familia. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia es que la libertad siempre se acaba abriendo camino.