Carl Schmitt en el TC español

Que un TC instrumentalizado por los socialistas haya hecho triunfar a un teórico nazi del derecho es algo que no debería sorprendernos. Conde Pumpido, célebre jurista socialista y ahora presidente del TC, subió una foto hecha con su móvil en la que salía justo detrás de él otro miembro del TC que hace poco fue ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo. ¿Cómo es posible que un tribunal de estas características se haya convertido en el brazo jurídico del poder ejecutivo? Defendía Carl Schmitt que la Constitución no es un límite absoluto, sino una expresión de la voluntad política del soberano (el pueblo o el poder que lo representa). Lo que trasladado a la situación política española significa que el límite de la ley en España no lo marca la Constitución, sino el PSOE y los intereses coyunturales de sus dirigentes, que en estas circunstancias pasa por Puigdemont, un prófugo que también bebe de la doctrina schmittiana de que la voluntad del pueblo (encarnada supuestamente en el golpista) está por encima de la ley. Schmitt, en efecto, sostiene que la soberanía no reside en la norma escrita (la Constitución), sino en quien decide en la excepción, es decir, en el poder político que define el rumbo del Estado en momentos críticos. Conde Pumpido lo ha dejado bien claro: lo que no prohíba expresamente la Constitución, lo puede llevar a cabo impunemente Pedro Sánchez. Desde hace cincuenta años, el rumbo del Estado en momentos críticos marca siempre una dirección: la calle Ferraz, sede del PSOE.

El borrador de la amnistía: "La inconstitucionalidad no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales"Miguel Ángel Pérez

Nada nuevo bajo el sol constitucional. El TC ha emitido varias sentencias que han sido escandalosamente favorables al PSOE aunque haya sido vulnerando las leyes, pisoteando el Derecho y arrasando derechos fundamentales. Casos emblemáticos fueron la expropiación de Rumasa y la cancelación de condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.

Desde la óptica de Carl Schmitt, estas sentencias reflejan el ejercicio de la soberanía por parte del Estado, que decide en una situación de excepción. En el caso de José María Ruiz Mateos y Rumasa, la supuesta crisis financiera que justificó la expropiación. Schmitt vería la decisión del TC como una afirmación de la primacía de la voluntad política del gobierno socialista sobre las normas constitucionales, interpretando el "interés general" como una justificación soberana para limitar el derecho de propiedad. La división en los 80 en el seno del TC y las críticas al proceso como "político" refuerzan la idea schmittiana de los socialistas de que la justicia constitucional no es neutral, sino que refleja una decisión política en un contexto de conflicto entre amigo (Felipe González y Miguel Boyer entonces) y enemigo (Ruiz-Mateos).

En el caso de los dirigentes andaluces, el TC anuló la condena de 6 años de prisión por malversación y redujo los 15 años de inhabilitación por prevaricación, considerando que no había pruebas suficientes para demostrar que Griñán conocía el uso indebido de fondos públicos. Como en el caso de Chaves, se ordenó una nueva sentencia para revisar la prevaricación en actuaciones puntuales. Desde el marco de Schmitt, estas sentencias muestran que el TC español actúa en realidad como un "guardián del orden político" y no como un intérprete de la Constitución, resolviendo los conflictos entre la grey socialista (amigo) y sus adversarios políticos (enemigo) siempre de manera favorable a la izquierda en las bifurcaciones cruciales del orden constitucional. El PSOE no hace sino seguir el guion schmittiano de que las decisiones judiciales no deben ser neutrales, sino que han de responder a una lógica de poder.

Frente al liberalismo constitucional, que sostiene que los jueces deben y pueden ser neutrales, al servicio de principios abstractos como el espíritu de la ley, los derechos fundamentales, la neutralidad epistémica y la objetividad jurídica, el socialismo constitucional que Conde Pumpido y Juan Carlos Campo han llevado al TC de la mano de Sánchez cree que solo hay una lógica del poder, los intereses creados, los sesgos ideológicos y la manipulación legislativa.

Pero gran parte de la culpa de esta situación de degeneración del sistema constitucional español es del PP, que en los años en los que ha disfrutado de mayoría absoluta jamás ha cuestionado el sistema de captura del Estado por parte de los socialistas, lo que pasaría por apostar por el control del poder judicial por los propios magistrados. La complicidad tácita del PP en el sistema actual solo se explica desde la incompetencia ideológica, la trivialidad técnica y la pereza ideológica, algo en lo que los líderes habituales de la derecha española, que han convertido las siglas PP en algo así como Palafreneros del PSOE, destacan.

En el caso de los indultos a los líderes del "procés" catalán (un golpe de estado en toda regla), ya vimos como el gobierno socialista de Pedro Sánchez ejerció una prerrogativa que fue, claro está, respaldada implícitamente por el TC al no declarar inconstitucional la medida. Schmitt vería esto como un acto soberano de creación constitucional, donde el gobierno decide en una situación de excepción política (crisis territorial) para preservar el orden estatal y, qué casualidad, salvar de paso el gobierno de Pedro Sánchez que pende de un hilo puigdemontista. La analogía con Rumasa y los ERE radica en que, en cada caso, el TC ha permitido al poder político (siempre socialista) actuar con amplio margen, interpretando la Constitución de manera torticera para acomodar decisiones donde la supuesta soberanía no significa más que retorcer palabras y manipular conceptos para lo única que importa: el mantenimiento en el poder de ese partido de rasgos sectarios y conducta mafiosa que se hace llamar PSOE.