Desde antes de llegar al poder, Pedro Sánchez y su banda tenían la clara intención de corromperse. De hecho, su propia escalada tuvo hitos que fueron pura corrupción –las primaras manipuladas por Cerdán y Koldo, las urnas trucadas en el Comité Federal– y los casos de enchufismo como el del "hermanísimo"... empezaron cuando el recién nombrado secretario general del PSOE acababa de tomar posesión del trono de Ferraz.
Una vez en Moncloa, la corrupción económica ha sido la constante desde el primer momento: tal y como se está comprobando ahora se han manipulado concesiones, se han favorecido negocios de particulares muy cercanos al poder como Begoña Gómez, se han entregado ingentes recursos públicos en procesos como mínimo sospechosos, se han dado sorprendentes giros de política internacional al calor del dinero de potencias extranjeras, se ha robado a espuertas con las necesidades sanitarias de la pandemia, se ha contratado a prostitutas en empresas públicas…
La lista podría alargarse casi indefinidamente porque estamos, no cabe la menor duda, ante el Gobierno más corrupto de la historia, ya que no se trata de que alguno de sus miembros haya cedido a la tentación del robo, sino de que toda una estructura para el latrocinio estaba instalada en el propio Consejo de Ministros.
Sin embargo, ninguna de esas gravísimas corrupciones es tan dañina para la democracia y el Estado de derecho como la que ha culminado este jueves la mayoría mal llamada "progresista" del Tribunal Constitucional, con el indigno e infame Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, dando marchamo de legalidad a la vil Ley de Amnistía.
Una norma que es tan abiertamente inconstitucional que sonroja tener que explicarlo, que dinamita principios básicos como la igualdad ante la Ley, la división de poderes y la reserva de jurisdicción, el principio jurídico que establece que determinadas decisiones sólo pueden ser tomadas por jueces y no por políticos.
Y también una norma que es un fraude de Ley en sí misma, ya que su verdadero propósito no era otro que comprar una mayoría parlamentaria que permitiese a Pedro Sánchez mantenerse en el poder a costa de lo que fuese, en este caso de dinamitar las bases mismas de la democracia.
Ahora, el más desprestigiado, arrastrado y servil Tribunal Constitucional que haya visto cualquier democracia liberal, capitaneado por el abyecto Conde-Pumpido luciendo obscenamente su total falta de escrúpulos y dignidad, ha dado el visto bueno a este engendro legislativo con una sentencia cuya arbitrariedad avergonzaría a un sátrapa oriental y cuyo nivel intelectual y jurídico llevarían a un estudiante de primero de Derecho no solo al suspenso, sino a la expulsión de por vida.
De hecho, los razonamientos –por llamarles de algún modo– jurídicos de la sentencia son tan pobres que queda la duda de si realmente la capacidad de los magistrados es así de escasa o si se están burlando de todos los españoles.
De lo que sí podemos estar seguros es de que Inmaculada Montalbán, Laura Díez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y, sobre todo, Cándido Conde‑Pumpido han unido sus nombres para siempre a la historia de España, que les recordará durante muchísimo tiempo como el grupo infame que hizo posible el peor atraco pseudojudicial a la Nación no en décadas, sino en siglos. Queden sus nombres y sus apellidos perpetuamente ligados a la vergüenza y la indignidad como aquellos que dieron marchamo de legalidad al mayor caso de corrupción más que de nuestra democracia de los anales de esta vieja Nación que este jueves ha quedado severamente herida, esperemos que no de muerte.