Inviabilidad del Tribunal Constitucional

Mil argumentos existen contra la resolución del Tribunal Constitucional a favor de la Ley de Amnistía. Se han dado por los más grandes juristas de España y Europa. Bastaría citar el más sencillo de todos, a saber, el más clásico de toda jurisprudencia: A maiori ad minus y A minore ad maius, "el que puede lo más puede lo menos", en otras palabras, si en nuestra Constitución están vetados expresamente los indultos generales, con mayor razón debería haberse declarado anticonstitucional la amnistía. Las tropelías más gruesas de la resolución del Constitucional sobre la Ley de Amnistía, una norma pactada y redactada por sus propios beneficiarios, en complicidad con Cerdán, hoy encarcelado, acusado de corrupción, ya forman parte de la historia de la infamia de nuestro tiempo.

La deslegitimación del TC es absoluta. Aparte de no tener en cuenta las miles de opiniones autorizadas contra la Ley de Amnistía, su presidente le encargó la redacción de la sentencia a una persona que apenas sabe nada de derecho constitucional. No se han tenido en cuesta los mínimos estándares de profesionalidad. La motivación del fallo a favor de la ley no se sostiene, entre otras razones, porque se basa en las intenciones de legislador que no son objeto del control del Tribunal. Y no son de recibo los comentarios que se vierten en la resolución sobre que la ley "trata de contribuir a la reconciliación y la normalidad y rebajar la tensión política existente en Cataluña". Esa fabulilla es algo que no se cree ni la ponente, pues, cualquiera sabe, que una sentencia debe centrarse en leyes aprobadas sin entrar en su finalidad política.

Europa entera observa con inquietud la sentencia del TC que declara legal la Ley de Amnistía de Sánchez. No es para menos. Antes, durante y después de su tramitación no ha habido instancia seria e independiente que no haya puesto en tela de juicio su legalidad. También estaba cantado y contado por ciento de actores intelectuales cuál sería el final del recurso contra la ley en el TC: Conde-Pumpido y sus magistrados le darían la razón a Sánchez y los golpistas. Repito: la degradación de este tribunal es de tal envergadura que nadie sensato cree que esta instancia tenga otra solución que no sea su disolución. Quizá pudiera ser transformado en una sala de casación o similar del Tribunal Supremo. O se aprovecha ahora esta circunstancia histórica para acabar, definitivamente, con esta instancia pseudo-jurídica o no se hará nunca.

Es obvio que el presidente del Constitucional no tiene autoridad alguna para mantenerse en el cargo. Más aún, el que pretende garantizar la impunidad a quien lo ha puesto ahí, corre ya peligro; sí, sí, el Tribunal Supremo, un genuino tribunal de justicia, podría investigar al presidente de la cosa; ya estuvo a punto de hacerlo en el caso de los ERE. Por lo tanto, nadie descarte que el Supremo pudiera emprender esa batalla por la justicia, si alguien con solvencia, más allá de las acusaciones populares y organizaciones vinculadas a partidos, presenta una querella bien fundamentada. Nada, en efecto, puede descartarse. Si hubiera un querellante serio, una causa justa y un damnificado visible, creo que el Supremo iría para adelante. No sé cuál es el espíritu combativo de los jueces del Tribunal Supremo, pero no me cabe la menor duda de su profesionalidad, honestidad y amor a su país para procesar a quien ha demostrado con holgura que carece por completo de esas tres condiciones para seguir en la poltrona del Constitucional.