Acabo de descubrir un dato muy bonito en un libro escrito por Javier Burón, un vasco que fue responsable del Área de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona durante los mandatos de Ada Colau. Resulta que, en 1960, el 12,9% del gasto público en España se dedicó a vivienda. Porcentaje que, según el autor, hoy equivaldría a unos 87.500 millones de euros. O sea, un poquito más, pero solo un poquito más, que ese famoso 5% del PIB que nos vamos a tener que gastar en armas dentro de nada. Para hacerse una idea del orden de magnitud que eso significa, repárese en que el mayor desembolso gubernamental ejecutado en vivienda durante toda la democracia fue el correspondiente al ejercicio 2023, cuando se gastaron en esa partida un total de 3.477 millones de euros.
Y lo menciono no sólo por el afán perverso de hacer comparaciones odiosas, sino para ilustrar con un simple porcentaje, ese 5%, el callejón financiero sin salida al que están abocadas las cuentas del Estado. Algo en lo que tendría que estar pensando ya el entorno de Feijóo. Porque ese toro les va a tocar lidiarlo a ellos. Las pensiones, por ejemplo, ahora sí, van a resultar impagables. Procederá imaginar, pues, alternativas muy heterodoxas y muy radicales para evitar que el sistema colapse. Alternativas que exigirán valor político e imaginación creativa, dos virtudes que no abundan en exceso.
¿Se atrevería Feijóo a llevar una ley al Congreso donde se estableciera que los trabajadores extranjeros no van a tener derecho a una pensión de jubilación a cargo de la Seguridad Social? Sería una norma tremendamente injusta, sí. Pero si no se hace algo parecido en el futuro inmediato, el sistema quebrará con total seguridad. Aunque caben fórmulas híbridas y menos duras. Que el Estado español cotice en los países de origen (y en sus monedas locales) para garantizarles una pensión allí a los inmigrantes, por ejemplo. Cuando dejemos de hablar de esos tres chorizos, Cerdán y los otros dos, habrá que empezar a pensar muy en serio en el futuro de España.