La pertenencia de España a la Unión Europea y el principio de primacía del derecho de la Unión podrían y, desde luego, deberían ser el dique de contención que impidiera el proceso de demolición de nuestro ordenamiento constitucional y de nuestra nación entendida como Estado de derecho que está perpetrando el gobierno social/comunista de Pedro Sánchez al dictado de sus socios separatistas y con la decisiva complicidad de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido.
El tiempo lo dirá, que nadie cante victoria, pero, por de pronto, Europa va a poner en serios aprietos a este envilecido Tribunal de Garantías que sólo parece entregado a garantizar la permanencia del Gobierno de Sánchez al coste que sea: Por un lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la bochornosa sentencia del Constitucional que indultó de forma encubierta a una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Como con razón alegan los magistrados, "esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia". Además de denunciar el "espacio de impunidad en la persecución de la corrupción" que originan las sentencias del TC, los magistrados de la Audiencia de Sevilla denuncian como podrían "haber irrumpido en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley y, como consecuencia de ello, pudieran haber ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias y proceder de una forma inédita con la rectificación del criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta atípica".
No menos preocupantes para Conde Pumpido y compañía deberían resultar, por otro lado, las alegaciones que la Comisión Europea ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las cuestiones prejudiciales que le había planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía, también bochornosamente avalada por el Tribunal Constitucional, pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalidad, entre ellos los expresidentes golpistas catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
Aunque menos contundente y completo que en las alegaciones que se filtraron hace poco más de un mes, el abogado del Ejecutivo comunitario señala, no obstante, que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Eso, sin dejar de denunciar cómo las autoridades españolas "no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia" de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo falazmente invocado de reconciliación.
Insistimos: El tiempo lo dirá pero, una vez constatado el hecho de que la mayoría progresista de los magistrados del Tribunal Constitucional no son más que la voz de su amo, que no es nuestra Carta Magna sino Pedro Sánchez, la única esperanza de supervivencia de nuestra nación entendida como Estado de derecho radica en Luxemburgo.