El último boletín de coyuntura económica que elabora el Instituto de Estudios Económicos refleja que, desde que gobierna Pedro Sánchez, España es el país de la OCDE que más ha empeorado en el ranking de corrupción institucional.
Si ordenamos los 38 países miembros por nivel de corrupción, siendo el 1 el país que más la sufre y el 38 el que menos, los desmanes que rodean al presidente del Gobierno nos han hecho pasar del puesto 23 al 14, con un crecimiento de los valores que la conforman del 178% en los últimos cinco años.
La imagen de España entre los 15 países con mayor corrupción se degrada aún más si tenemos en cuenta que cada vez nos acercamos más a ellos y nos alejamos de Europa a pasos agigantados.
Así, nos hemos alejado de la media europea un 19% respecto a la eficiencia regulatoria, un 10% respecto al control institucional efectivo y un 7% en lo que se refiere a la inestabilidad institucional. Con todo ello, España presenta ya un nivel de degradación un 34% superior al de la media europea. Pedro Sánchez continúa en su afán de igualarnos más a un régimen totalitario, sin ningún control del poder, que a las democracias liberales europeas que respetan el Estado de derecho y gozan de instituciones fuertes e independientes.
La colonización que ha llevado a cabo de todas las instituciones, desde el Banco de España hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pasando por su injerencia en los consejos de los medios de comunicación, ya sean públicos o privados y, de forma más grave, su intento de controlar y manipular el Poder Judicial a través del Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado o, incluso para los asuntos económicos, el Tribunal de Cuentas, no han pasado desapercibidos ni para los autores del informe ni para la propia Comisión Europea, que ha alertado ya del aumento significativo en la percepción de la corrupción durante el mandato de Pedro Sánchez y de la ausencia de una estrategia eficaz de previsión y lucha contra esta lacra.
Una lacra que está teniendo un alto coste social, en cuanto que la corrupción quebranta las bases morales y normativas de la sociedad, y también político, porque ese quebrantamiento se hace desde las instancias que lideran y deben dar ejemplo al resto de ciudadanos, lo que provoca el desapego, la desconfianza y, a la postre, debilita la democracia.
Pero, además, la calidad de las instituciones de Gobierno y el control de la corrupción son una clave fundamental en el desarrollo económico de los países. No estamos sólo ante un problema social o político, sino también ante un lastre económico que impide el desarrollo y perjudica a todos los ciudadanos.
En primer lugar, porque influye en la capacidad de nuestro país de atraer inversión extranjera. Sabemos que la falta de confianza y la inseguridad jurídica son los principales enemigos del inversor y eso es lo que les ha ofrecido Sánchez estos siete años. No es de extrañar, por tanto, que haya descendido un 45%. Más aún, España ha dejado de ser una de las 10 principales economías capaces de atraer inversión extranjera, lo que refleja el gran impacto que está teniendo en nuestro país la corrupción que rodea al presidente del Gobierno.
Lo mismo ocurre con la innovación, otra clave del crecimiento económico y elemento dinamizador de la economía de un país. Difícilmente una empresa va a querer hacer una apuesta por la modernización de sus procesos de producción o incrementar sus presupuestos en I+D+i si piensa que no tendrá incidencia a la hora de competir, en igualdad de condiciones, con sus principales rivales, al menos a la hora de poder contratar con una administración que no valora la eficiencia, sino la recomendación. La propia Comisión Europea apunta a este ámbito como uno de los deberes pendientes de nuestra economía, situándonos por detrás de la media en la mayoría de los indicadores: la cifra de empresas que invierte en I+D ha bajado en los últimos años y cada vez se concentra más en un pequeño grupo de firmas; entre las 2.000 empresas más inversoras del mundo sólo hay 11 españolas; la inversión privada ha caído hasta el 0,65 % del PIB, por debajo del 0,72 % de la media europea y la tasa de investigadores contratados en empresas es la mitad del promedio comunitario.
Tercera consecuencia sobre la economía: el gasto público se incrementa de forma exponencial. La mayoría de los casos de corrupción llevan aparejadas adjudicaciones irregulares y sobrecostes, ya sean por las contrapartidas de las propias contrataciones o bien por la necesidad de efectuar otras nuevas que solventen las ineficacias causadas por las anteriores. En el caso de España, y aún sin Presupuestos Generales del Estado, el incremento improductivo del gasto público ha sido tal que ha llevado aparejado un crecimiento exponencial de la deuda pública (500.000 millones de euros con el sanchismo) que hipoteca ya a las próximas cinco generaciones de españoles.
Así pues, si los inversores huyen de los países cuyas instituciones y gobiernos no son fiables; si las empresas no pueden apostar por crecer e incrementar su producción, si cada vez un país es menos productivo y el peso de la deuda se traduce en nuevas subidas de impuestos, ¿cómo se van a generar nuevos empleos? No es de extrañar que en España, descontando los efectos de la contabilización como no parados de los trabajadores fijos discontinuos, apenas se hayan generado 50.000 puestos de trabajo en siete años, de tal manera que somos el único país de esos 38 que conformamos la OCDE con la tasa de paro superior al 10% y sin apenas variación en dicho periodo de tiempo. Por tanto, en cuarto lugar, la corrupción tiene consecuencias negativas en la creación de empleo que, a su vez, y más a medio plazo, la tendrá sobre la productividad.
Cuando todo esto ocurre un país, como está pasando en España, el crecimiento económico se resiente de tal manera que puede restar entre medio punto al PIB y hasta cuatro, dependiendo del nivel de penetración del virus de la corrupción. En nuestro caso, aún cuando estuviésemos todavía más cerca del medio punto, representaría ya unas pérdidas de 8.000 millones de euros y 20.000 empleos. Y, estando Pedro Sánchez en el Gobierno, sabemos que pronto podríamos llegar a ese 4%. Luchar contra su corrupción no es una opción, es una necesidad para asegurar, no sólo un futuro más ético y justo, sino también más próspero. Por si no había suficientes razones.