Pocas tragedias son tan fatídicas como la ola de incendios forestales de cada verano que arrasa nuestros montes, su biodiversidad, bienes, y a menudo vidas humanas. Pero lo más desgarrador es que la mayoría son intencionados. En los últimos 10 años hemos sufrido 9.700 siniestros forestales, la mayoría por actividades negligentes humanas (95%); de las cuales, y esto es lo terrible, un 55% son intencionados. Y muchos de los sujetos que los provocan, reincidentes. Y atención a sus consecuencias, alcanzan al 87% de la superficie quemada. Lo cual indica no sólo la intencionalidad, sino la perversidad para dificultar la labor de extinción. O sea, la intención de hacer daño.
Pocas estampas de la vida cotidiana son tan terribles como ver desaparecer de nuestros paisajes, la fauna y flora que han acompañado toda nuestra vida. Como la propia existencia humana, un árbol necesita décadas para volver a crecer. Restaurar lo quemado no va al ritmo de nuestros planes industriales, como tampoco la biodiversidad que le acompaña. Sin contar la pérdida en bienes que a menudo arruina vidas y haciendas.
Más allá de todas las tragedias que provocan los incendios, es desesperante comprobar cómo nuestro Código penal y la prevención y control de pirómanos no están a la altura de las circunstancias. Poco podemos hacer con desastres naturales como un rayo imprevisto que provoca un incendio, pero algo más podríamos hacer para evitar ese terrorismo sordo provocado por un simple sujeto y una insignificante cerilla, un cigarrillo arrojado por la ventanilla de un coche o cualquier otra circunstancia intencionada o negligente. Pero mucho, si endurecemos las penas y sobre todo, las aplicamos a rajatabla. Un mínimo repaso de esas dos variables nos revelan las deficiencias del Código Penal y sus aplicaciones judiciales:
- De 1 a 5 años por incendios forestales sin peligro (art. 352 CP).
- De 3 a 6 años por especial gravedad (art. 353 CP).
- De 10 a 20 años por peligro para la vida (art. 351 CP).
Aparentemente, podrían ser suficientes, de hecho se revisaron al alza en 2015, pero a la hora de la verdad, las penas suelen ser reducidas, y a menudo imposible de aplicar porque en la mayoría de los casos es muy difícil probar la autoría. Pero lo más escandaloso es que en la práctica la mayoría de condenas apenas superan el año de prisión debido precisamente a dificultades probatorias para demostrar la intencionalidad o circunstancias agravantes.
Y dónde la aplicación judicial hace aguas es en la reincidencia: El Código penal no menciona una penalización adicional específica por reincidencia en incendios, a pesar de que permite valorar la reincidencia como circunstancia agravante general en la determinación de la pena.
Es un tema muy complejo y de difícil erradicación, pero podríamos cercar a pirómanos y reincidentes con prevención, pedagogía y siempre con mayor dureza. Empezando por incluir la reincidencia como agravante específica en el Código Penal para endurecer las penas en casos sucesivos. Pero no sólo, también:
- Establecer medidas cautelares y de vigilancia tras la condena: seguimiento, control forestal, limitación de acceso a determinadas áreas –para ser legal, debería ir incluido en la conden–.
- Impulsar la reparación del daño de forma obligatoria y efectiva, tanto económicamente como ecológicamente.
- Refuerzo de la investigación y tipificación de agravantes: facilitar la prueba de intencionalidad y posibles vínculos con beneficios económicos.
- Prevención y concienciación: campañas informativas, recompensas por denuncia, patrullas, vigilancia con tecnología, y mucha pedagogía.
- Invertir en prevención y en extinción, el fin forma parte de lo que somos, de él surgió nuestro ADN.
Pero sobre todo, prever antes de curar: en los casos de reincidencia, la condena debería prevenir la redistribución de la pena en función de la peligrosidad de sus acciones hasta su completa rehabilitación: los meses de estío de mayor peligro, deberían ser recluidos en prisión. Si el pirómano padece una patología morbosa, que la sufra él, no el resto de la humanidad.