El Gobierno ha vuelto a dar pruebas de su auténtica catadura con ocasión de los graves incendios que se han desatado en los últimos días en España. Lejos de ponerse a disposición de las autoridades de las zonas afectadas y mostrar una mínima solidaridad, el Ejecutivo prefiere intentar sacar rendimiento político de las catástrofes, aunque se hayan cobrado ya vidas humanas. De ahí que el protagonismo principal por parte del Gobierno se lo lleve el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus infectos mensajes en la red social X en contra de los presidentes de Castilla y León y Andalucía.
Que Puente no sea consciente de que tras los fuegos hay un sufrimiento indescriptible y se lance a la cacería política refleja a las claras su condición moral y la ausencia de la más mínima noción de empatía. Pero Puente no actúa por su cuenta y riesgo, no es un verso suelto en el Gobierno de Pedro Sánchez sino una de las voces más autorizadas del sanchismo y probablemente la que mejor lo representa.
España arde por muchas razones: el abandono del campo, una maraña legislativa cada vez más absurda y que, entre otras cosas, dificulta la limpieza y el mantenimiento de los bosques con el delirante criterio de no alterar el curso de la naturaleza; la ausencia de incentivos que no estén relacionados con la destrucción del paisaje con molinos y placas solares; y un desprecio absoluto por parte del Gobierno del medio rural. No hay más que atender al dato de que España destina 500 millones menos que Portugal o Grecia a la prevención de incendios, tal como pone de manifiesto una información de Libertad Digital. A todo ello hay que añadir además la mano de los pirómanos.
En este contexto, la reacción de Óscar Puente explica todo lo que va a hacer el Gobierno por ayudar a las personas y las zonas afectadas en Castilla y León y Andalucía. Nada. La experiencia de otras tragedias abunda además en el hecho de que todas las ayudas que pueda prometer el Gobierno acabarán en agua de borrajas, meros anuncios de cara a la galería y de nula concreción. Bien lo saben en La Palma o en Valencia, por citar sólo unos ejemplos de zonas catastróficas dejadas en manos de unas autoridades locales y autonómicas con muchos menos recursos que el Gobierno. La actitud es la que mostró Sánchez cuando al hilo de la gota fría en Valencia dijo lo de que "si necesitan ayuda, que la pidan". Y ahí radica una gran parte del problema porque el Gobierno no debería esperar a que se le pida ayuda para intervenir, sino estar desde el primer momento en la primera línea de defensa de sus ciudadanos.