El amante de la mentira

Creíamos los del común que ya nada que viniera de la Fiscalía de Sánchez podía sorprendernos, pero hete aquí que la de Madrid lo ha vuelto a hacer. Ante la denuncia de las flagrantes mentiras que perpetró en una comisión de investigación del Senado el que fuera secretario de Organización del PSOE, la fiscal podía haber alegado muchas cosas. Podía haber dicho que era discutible que Cerdán hubiera mentido, aunque es palmario que engañó a la comisión. Podía haber dicho que, tratándose de un asunto sub iudice, había que esperar a que hubiera sentencia firme, aunque es obvio que para saber que mintió no hace falta esperar a que se fije ninguna verdad judicial. Podía haber argumentado que, aunque en ese momento no estuviera investigado, sabiendo que podía llegar a serlo, tenía una especie de derecho expectante a mentir, aunque en tal caso lo que tenía que haber hecho es negarse a contestar. Podía haber aducido que, cometido un delito, mentir en relación a su comisión no puede ser otro añadido, aunque de nuevo lo procedente habría sido callarse. Claro que, si Cerdán hubiera hecho eso, habría parecido culpable.

En cualquier caso, la Fiscalía no ha utilizado ninguno de esos argumentos, impresentables, sí, pero no más de lo que lo son los que utiliza para defender a Begoña Gómez, David Sánchez o Álvaro García Ortiz. En cambio, se decantó por uno que es aún más indecente, si cabe, como es el de alegar que el delito del que se le acusa a Cerdán no debería estar tipificado como tal y que no debió el legislador incluirlo y mucho menos equipararlo al falso testimonio porque mentir en sede judicial es más grave que hacerlo ante una comisión parlamentaria. Sin embargo, las normas se aplican con independencia de que gusten más o menos. Hasta tal punto es así que los hay que se ven obligados a aplicar incluso las que son groseramente inconstitucionales mientras Pumpido no diga que lo son. Si es así con las contrarias a la Constitución, no digamos con las que, siendo respetuosas con ella, parecen desequilibradas, excesivas o lo que sea que tengan censurable. El Código Penal castiga como delitos un sinfín de conductas que, según el parecer de muchos, no deberían dar lugar más que a sanciones administrativas y que, sin embargo, por criterios exclusivamente políticos, se castigan con el máximo rigor. Y quienes tienen que aplicar tan exageradas normas, incluida la Fiscalía, lo hacen sin rechistar. ¿Por qué protesta ahora la de Madrid en el caso de Cerdán? Choca especialmente que lo haga respecto de uno que ya ha sido defenestrado y no hay, que se sepa, mandato de defenderlo a ultranza como ocurre con la familia del presidente y "su" fiscal general. Pues es muy sencillo. Es así porque ante esa misma comisión va a comparecer en breve el presidente del Gobierno y el sujeto tiene el firme y casi confeso propósito de mentir por la barba para reírse en las de los muchos españoles que ya no le soportan. Si ahora resulta que hacer lo que no ha dejado de hacer desde que vino al mundo es delito, no va a tener más remedio que negarse a contestar por consejo de su abogado. Eso sí, partiéndose de risa, como hacían los etarras cuando eran sometidos a juicio.