Autoamnistía y sesgo antiespañol en Europa

Los dos dictámenes sobre la amnistía emitidos por uno de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el designado para analizar la cuestiones prejudiciales, son tan endebles jurídicamente que es posible dudar de que los magistrados los asuman como pauta para su sentencia, que se espera para finales de este año o principios del que viene.

Contra la justicia en España no sólo maquina el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también un influyente sector de juristas que operan en el corazón de la Unión Europea y que han convertido Bélgica en un santuario de etarras y golpistas. A este grupo pertenece Dean Stealmann, un luxemburgués cuya gran aportación a la justicia fue poner a decenas de terroristas etarras en la calle antes de tiempo cuando presidía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en 2013.

Semejantes antecedentes ilustran a la perfección el sesgo de Stealmann, alguien que debería estar inhabilitado para cualquier asunto referente a España. Pero es que además, sus dictámenes son de una zafiedad jurídica casi sin precedentes. Más que informes jurídicos son panfletos políticos en los que se asumen las tesis del Gobierno hasta la grosería de negar que estamos ante una autoamnistía de manual, reconocida incluso por los mismos impulsores de la ley.

Les será muy difícil a los magistrados del TJUE adaptarse a los criterios de Stealmann sin hacer contorsiones que menoscaben por completo su dignidad como jueces. Es obvio que recibirán toda clase de presiones por parte del Gobierno a favor de esa amnistía con la que Sánchez compró su permanencia en La Moncloa, pero por encima de las componendas políticas está una cierta idea de la justicia que ni siquiera los más encallecidos juristas eurócratas pueden ignorar. Aunque de eso también hay precedentes.

La malversación y el enriquecimiento personal de los líderes golpistas son indisociables. Sin el uso de ingentes recursos públicos los separatistas no habrían podido llevar a cabo sus propósitos y los líderes del proceso, sus adláteres y los adláteres de estos se forraron a costa del erario público. En cuanto al terrorismo, habría que ver lo que opinan las autoridades francesas, alemanas o italianas respecto a asaltar un aeropuerto o formar un comando para preparar explosivos y diseñar atentados. Y si eso es amnistiable o no es amnistiable.

Sea como fuere, la última palabra la deben tener los tribunales españoles y eso es algo que ni siquiera se le escapa a Stealmann. Depende del Tribunal de Cuentas que se exijan las correspondientes responsabilidades contables a los líderes golpistas. Y del Tribunal Supremo mantener la orden de detención contra Puigdemont por malversación. Otra cosa es que el Tribunal de Cuentas desista y el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido acabe blanqueando la amnistía como ya hizo con los ERE.