A la vista de las nuevas informaciones en relación a los distintos casos de corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno adquiere mucho más sentido el hecho de que desde Moncloa se activase esa campaña de desacreditación contra los mandos y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil conocida como "caso Leire Díez". Y es que si el lunes la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset declararon ante el juez que, tras estallar el "caso Begoña", en abril de 2024, se reunieron en la sede socialista de Ferraz no sólo con el entonces secretario de Organización Santos Cerdán sino también con Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, este martes se ha hecho público que el último informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo sitúa al ex secretario de organización del PSOE como la persona que actúo de "enlace" entre la empresa Acciona y el Ministerio de Transportes -entonces encabezado por José Luis Ábalos- para el presunto amaño de obra pública.
La Guardia Civil concluye que "se han localizado indicios de una operativa común mediante la cual Acciona Construcción contrataba los servicios de Servinabar [constructora de la que se ha sabido que Santos Cerdán tiene el 45%] para ejecutar trabajos dentro de adjudicaciones dimanantes del Ministerio de Transportes o proyectos de interés para el ente público".
En el oficio, la UCO subraya que ha podido identificar cinco licitaciones otorgadas a Acciona Construcción de las que, según Koldo García, "se habría generado una deuda con José Luis Ábalos y este mismo, que debería ser satisfecha a través de Santos Cerdán por valor, al menos, de 1.070.000 euros". "De este importe", contextualiza el informe, "se habrían cobrado al menos 620.000 euros, adeudándose el monto restante", que estaba vinculado a diferentes concursos. Entre ellos, dos de Adif en la región de Murcia por los que se debía cobrar una comisión de 550.000 euros; y 450.000 euros por tres adjudicaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, todas ellas también del Ministerio de Transportes.
No menos relevante es el descubrimiento de la UCO según el cual, además de los proyectos realizados en España entre Acciona y Servinabar, la "relación" entre ambas empresas tuvo "expansión internacional". Así, la Guardia Civil hallado un mensaje enviado por Santos Cerdán a Koldo García el 28 de diciembre de 2018 "donde se facilitaba la identidad de dos ministros del Gobierno de Marruecos y que Santos Cerdán viajó al Reino Alauita para conseguir que su gobierno diera a su contructora Servinabar y a Acciona la concesión de la obra de un puerto.
Así las cosas, se entiende tanto el fastuoso tren de vida de la familia de Santos Cerdán como el hecho de que el juez del Supremo haya citado como imputados para el 3 de diciembre a tres altos directivos de Acciona. Lo que cabe preguntarse es si es creíble que este monumental amaño de obra pública, cocinado al más alto nivel, no fuera del conocimiento del presidente del gobierno. Más aun cuando, gracias a la UCO, también se ha sabido que Cerdán exigió "nombramientos" a José Luís Ábalos "a petición del PNV" para garantizar pelotazos el 7 de junio de 2018, seis días después de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy (que se celebró entre el 31 de mayo y el 1 de junio).
Lo que es evidente es que tamaña como increíble irresponsabilidad in vigilando por parte del presidente del gobierno conllevaría su inmediata dimisión en cualquier otro país democrático del mundo. Pero basta recordar las múltiples razones por las que Sánchez ya debería haber dimitido para saber que no dimitirá nunca, pase lo que pase y descubra lo que descubra la Guardia Civil.