Illa, del desastre de la pandemia al caos de la peste porcina

La Generalidad catalana está dando pruebas de una incompetencia superior a la previsible en la gestión de la peste porcina africana (PPA). La falta de transparencia y el ocultamiento deliberado de datos se suman a la lentitud y tibieza de la respuesta. El gobierno autonómico ha reaccionado tarde, ha reaccionado mal y titubea a la hora de tomar medidas para no ofender a los animalistas. Y a mayor abundamiento, todas las sospechas sobre el origen del brote se centran en un laboratorio de la Generalidad que experimentaba con el mismo tipo de virus hallado en 26 jabalíes cuyos cadáveres aparecieron en el entorno de esas instalaciones. Unas instalaciones que además están en obras.

Frente a la acumulación de evidencias, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, y el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se empeñan en negar de manera tajante que el brote se pueda deber a una fuga del laboratorio. Pero lo hacen blandiendo dos supuestos informes, uno del Ministerio de Agricultura y otro de la Unión Europea, que nadie ha visto. Un día después del registro ordenado en un juzgado de Cerdanyola del Vallés del laboratorio del IRTA-CReSA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias-Centro de Investigación en Sanidad Animal) foco de las sospechas, Ordeig insiste en exculpar preventivamente a los responsables de las instalaciones. Según él e Illa, todos los protocolos de seguridad se habrían cumplido a rajatabla y ni siquiera el hecho de que haya obras de ampliación añade riesgo a la custodia y trasiego de las muestras víricas.

Resulta altamente sospechoso tanto empeño por parte de Illa en tratar de desviar la atención. En su comparecencia en el Parlament del miércoles llegó a decir que ha habido casos de peste porcina en Europa cuyo origen nunca se ha llegado a determinar con precisión. Es obvio que si la fuga procede de un laboratorio de la Generalidad, la administración deberá afrontar unas indemnizaciones que el 'Govern' no parece dispuesto a asumir. De ahí la negativa a aceptar la hipótesis de un fallo o un accidente en el IRTA-CReSA.

La incapacidad de Illa es pública y notoria. Era el ministro de Sanidad durante la pandemia y decir que su gestión fue nefasta es quedarse muy corto, ser muy benevolente y despreciar a las víctimas. La compra de material sanitario desató la corrupción mientras se monitorizaban las redes sociales para controlar a los críticos con el Gobierno y su gestión de la emergencia. El escepticismo y la frivolidad de partida con las que el Ejecutivo afrontó las primeras señales de la pandemia tuvieron un alto coste en vidas humanas. La falta de medios resultó letal. Lo que está en juego ahora es el futuro de la industria porcina y miles de puestos de trabajo. Nada indica que Illa aprendiera alguna cosa con ocasión del coronavirus. En caso contrario, hubiera regresado de México de inmediato cuando estalló el brote de PPA y habrían comenzado hace días ya las tareas para acabar con la sobrepoblación de jabalíes, entre otras medidas que aún no se han adoptado.

Gestionar esta crisis para Illa significa tratar de impedir que se relacione el brote con los laboratorios de la Generalidad y condicionar sin disimulo al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a los Mossos que investigan el caso.