Desde hace una década, uso habitualmente el tren en la línea Madrid-Córdoba para ir a ver a mi familia. Ayer no fui una de las víctimas del descarrilamiento por pura suerte, ya que mi tren salió sólo unos minutos antes de que sucediera. Si ya era indignante la degradación del servicio en los últimos tiempos, ahora hay que añadir algo mucho peor: cada vez que vaya a verla, mi madre sufrirá por si algo malo me ocurriese.
Esta es la realidad de muchos andaluces que tuvimos que dejar nuestra tierra ante el erial en el que el socialismo la convirtió, un daño que costará lustros revertir. Pero ni siquiera volver ha sido fácil. En los últimos años, nos hemos ido acostumbrando a pasar horas tirados en mitad de la nada, sin los suministros más básicos, casi cada vez que osábamos regresar para pasar unos días en casa. Y ahora, en un nuevo escalón de esta espiral de degradación, el simple hecho de ver a los nuestros se ha convertido en una ruleta rusa.
No obstante, nuestro flamante Ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en que el ferrocarril se encuentra en España en el mejor momento de su historia, a pesar de que los datos dicen lo contrario. Según información de su propio ministerio, en 2019 menos del 5% de los trenes de alta velocidad tenían un retraso de más de cinco minutos, porcentaje que se elevó hasta un 36% en junio de 2025.
Lo cierto es que, hace apenas unos meses, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) solicitó de forma urgente reducir la velocidad en 50km/h., de los 300 a los 250, en el tramo Málaga-Madrid en el que se ha producido el accidente. El sindicato reclamaba una subida considerable en el presupuesto dedicado a la conservación de la red y requería que se aplicara esta medida preventiva en lo que este llegaba. Según el SEMAF, a pesar de haber crecido el tráfico ferroviario de forma espectacular con la llegada de operadores privados como Ouigo o Iryo, el mantenimiento de la vías no se había incrementado en la misma proporción, lo cual producía imperfecciones en estas que acrecentaban la vibración en los trenes y agravaban su desgaste.
La realidad es que, a falta de una investigación oficial que esclarezca lo sucedido, resulta inevitable establecer paralelismos entre esta crisis y la que vivimos el 28 de abril de 2025 con el apagón nacional. Entonces, como ahora, los técnicos advirtieron que faltaba mantenimiento en la red y que la ocurrencia de un incidente era cuestión de tiempo. Y, del mismo modo que pasó con el sistema eléctrico, todo apunta a que el Gobierno volverá a utilizar las instituciones para eludir su responsabilidad, evitando que la investigación arroje la luz necesaria sobre lo acontecido.
Tampoco es casualidad que, al igual que Red Eléctrica Española está liderada por una responsable sin experiencia previa en la materia, el Ministerio de Transportes esté en manos de Puente, cuya trayectoria profesional es exclusivamente jurídica. En ambos casos, podemos observar una constante que se repite: desprecio por el criterio técnico –desoído sistemáticamente– y decisiones políticas que ignoran las recomendaciones de los expertos, sin reforzar el mantenimiento ni aplicar las medidas de seguridad advertidas.
La cuestión es que, si el tráfico ferroviario está en máximos, ADIF debería estar ingresando más dinero que nunca, por lo que no se entienden las deficiencias en la conservación de la red. Independientemente de que se confirme si esto guarda relación con el accidente, Puente debería responder sobre por qué no se ha reforzado adecuadamente el mantenimiento –dónde está nuestro dinero– y sobre por qué, existiendo advertencias expresas de los profesionales del sector, no se adoptaron medidas preventivas propuestas tras la decisión política de no mejorar la renovación de las infraestructuras. Haya nexo causal o no entre esto y descarrilamiento, nos va la vida en que responda adecuadamente a estas cuestiones,.
Una y otra vez nos asola la eterna letanía que se repite en los últimos años: el Estado cada vez ingresa más y más recursos, pero nos ofrece menos a cambio de ello. Por tanto, antes de que las terminales mediáticas del sanchismo nos acusen de capitanes a posteriori, déjenme decirles que no fue que no se pudiera saber, fue que no se quiso escuchar.