El inexplicable poder del ministro Puente

Hay antecedentes de altos cargos y ministros que dimitieron tras producirse graves accidentes ferroviarios. El más citado es el del griego Kostas Achilleas Karamanlis, ministro de Transportes del gobierno griego del partido Nueva Democracia, incluido en el grupo parlamentario popular europeo. En 2023, tras un accidente similar al de Adamuz, con 57 muertos y decenas de heridos, Karamanlis dimitió una semana después.

Seguramente, la presión de la izquierda griega, entonces en la oposición, tuvo mucho que ver con su renuncia. El accidente logró unir a la izquierda helénica contra la derecha en el gobierno, táctica habitual reconocidamente utilizada siempre. En España, desde la desgracia del chapapote al 11-M, la DANA y las víctimas de COVID en Madrid, por cortar aquí la lista, siempre se ha comportado del mismo modo.

Tras el choque de trenes de Tesalia, hace apenas dos años, la izquierda griega, con SYRIZA y sus formaciones coaligadas al frente, acusaron al primer ministro de Nueva Democracia, Kyriacos Mitsotakis, de negligencia, de abandono de las inversiones necesarias en las infraestructuras ferroviarias y, además, de intento de ocultación política de la responsabilidades después de accidente.

A continuación, la izquierda en bloque presentó una moción de censura contra el gobierno de centro derecha argumentando la mala gestión y la dolosa ocultación de circunstancias que habían hecho posible el accidente, esto es, un intento en toda regla de encubrir las presuntas responsabilidades políticas deducibles de la catástrofe. Se cuestionó la investigación, la fiabilidad de las pruebas y la lentitud de la Justicia ante la gravedad de lo sufrido.

Hubo otros casos de dimisiones gubernamentales por accidentes ferroviarios muy graves en Egipto, en Taiwán y en la India, ya en este siglo. Uno muy famoso, también en la India, fue el de 1956. Digo famoso porque a veces una dimisión tiene efectos políticos favorables para quien la presenta. En aquel caso, Lal Bahadur Shastri, ministro de Ferrocarriles y Transportes, renunció al cargo, contra la voluntad de su gobierno, pero la popularidad moral lograda entonces le sirvió para llegar a ser Primer Ministro años después.

También hubo ocasiones en que los responsables de Transportes en gobiernos atropellados por un accidente ferroviario no dimitieron. Entre nosotros, la entonces ministra del ramo, la popular Ana Pastor, no lo hizo a pesar de las duras presiones de la izquierda social-comunista tras el accidente de Angrois en 2013. Tampoco dimitieron Magdalena Álvarez ni Francisco Álvarez Cascos, en casos anteriores, si bien menos graves.

Pero en el que nos ocupa, que el todavía ministro Óscar Puente no haya presentado aún la dimisión o haya sido destituido a pesar de saberse, casi con total seguridad ya, que ha sido un fallo de las infraestructuras ferroviarias y la falta de inversiones lo que ha llevado a la muerte de 45 personas y al ingreso hospitalario de decenas de pasajeros, resulta inexplicable. Ya se sabe que en España se dimite poco o nada, pero lo ocurrido en Adamuz es excepcional por su claridad y su impacto cívico.

En ninguno de los casos anteriormente citados habían confluido circunstancias de corrupción evidentes y al por mayor, desde la presencia de enchufadas sexuales a colocados de partido, de participación de mordidas y mordedores socialistas precisamente en empresas relacionadas directamente con la revisión de las vías en ese preciso tramo de Adamuz y ex ministros y altos cargos del ramo procesados. Tampoco en ellos sobresalía la figura de un ministro tuitero y lenguaraz cuyas acusaciones desmelenadas a otros partidos y su función de pretoriano cruel del presidente Sánchez.

Resulta extraño que, en el interior del PSOE, en pleno proceso electoral no muy favorable en tres comunidades autónomas muy relevantes, Aragón, Castilla-León y Andalucía, con una ex portavoz y una vicepresidenta implicadas que se juegan su futuro político, no haya emergido corriente alguna que exija la dimisión del descarado y prepotente ministro. Tampoco parece normal que un presidente como Pedro Sánchez, que se jugará su destino en las próximas elecciones generales, no haya hecho otra cosa que ocultarse tras su comodín sin exigirle la dimisión.

Que en el PSOE hay estudiosos electorales que comprenden perfectamente que el coste electoral de este accidente, por mucho que se empeñe Puente en encontrar mirlos blancos narrativos, va a ser muy alto porque afecta a la médula misma de la vida cotidiana y a la conciencia ciudadana, es indudable. El malestar social es intenso y extenso, nacional y transversal, no fácilmente manipulable con relatos ingeniosos.

A pesar de la tibieza inicial del PP, que cree más beneficioso electoralmente exhibir una conducta institucionalmente "elegante" y "protocolaria" (made in Moreno Bonilla, al que los aplausos de Puente deberían hacerle meditar), la realidad desbordante de la indignación nacional se está imponiendo. ¿Por qué sabiendo que esta catástrofe va a causar otro desastre, ahora político y electoral, muy perjudicial para el PSOE y especialmente para algunas de sus figuras femeninas, Pedro Sánchez no mueve ficha?

Resulta inexplicable, salvo que Óscar Puente sea intocable porque guarde secretos de gobierno y de partido muy comprometedores en su caja fuerte, nada improbable por ser el sucesor de José Luis Ábalos en un ministerio gastador y penetrado por la red de corrupción socialista, o porque su Puto Amo ya tiene claro que para ganar las próximas elecciones es preciso discursearle al bloque social-comunista-separatista que o él o la nada. Y que, para convencerlos de ello, cuanto peor, mejor. Incluso ambas cosas.

Se habrán dado cuenta que las víctimas son invisibles. Pues eso.