Esta semana el Gobierno ha aprobado una regularización de inmigrantes en situación irregular que, según las estimaciones disponibles, podría conceder la residencia a más de 800.000 personas. La medida, pactada con Podemos, no es un gesto humanitario ni una respuesta improvisada, sino la pieza definitiva del puzzle en la estrategia de Pedro Sánchez para reconstruir la mayoría parlamentaria que le permitió seguir en La Moncloa.
Al margen de las dudas jurídicas que rodean a esta iniciativa —al modificar de facto una ley orgánica mediante un reglamento aprobado sin pasar por el Congreso y con altas probabilidades de acabar siendo anulado por el Tribunal Supremo—, la regularización planteada no es más que un obsequio a Irene Montero para que esta ceda y apruebe el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, acabando así con la deriva obstruccionista de Junts. De esta forma, el Gobierno consigue alinear a dos socios que se estaban anulando mutuamente.
Con esta maniobra, Sánchez se asegura del apoyo de ambos partidos y recompone una mayoría suficiente que le posibilite aprobar los Presupuestos y el resto de medidas necesarias para agotar la legislatura. El objetivo es claro: resistir hasta 2027, esperar a que las aguas se calmen y confiar en que la frágil memoria de los electores evite el batacazo electoral que hoy se cierne sobre su cabeza.
No obstante, es un camino lleno de minas en el que todo podría saltar por los aires antes de que su plan maestro pueda ejecutarse. En primer lugar, si el Tribunal Supremo anulara la regularización masiva, Podemos podría quedarse sin su caramelo, lo que les llevaría a volver a ejercer de socio díscolo que desbarata sus planes. Por otro lado, la complicada situación judicial del Ejecutivo —con la depuración de responsabilidades por el descarrilamiento o la dilucidación de los múltiples casos de corrupción que le rodean— podría hacer aflorar a un auténtico cisne negro, un hecho tan objetivamente grave que fuerce a sus socios a abandonarle definitivamente para no quemarse con él en la pira de la desintegración demoscópica.
De igual forma, la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico es otro de los factores que pueden hacer saltar por los aires la estrategia planteada. Sánchez necesita convencer a partidos regionalistas como Compromís, el BNG o el CHA de aceptar un modelo que privilegia a Cataluña, algo que a priori no se antoja sencillo. La cuestión es que el sistema propuesto plantea infrafinanciar al Gobierno central, manteniéndole la obligación de prestar los mismos servicios mientras se derivan hasta 21.000 millones de euros anuales al conjunto de las comunidades autónomas. Con ese dinero, se atajan en buena medida desequilibrios históricos como los que sufrían Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero también se beneficia absurdamente a Cataluña. Mi temor es que, si estos partidos aprietan, la tentación sea avanzar hacia un vaciamiento todavía mayor del Estado, poniendo en riesgo su sostenibilidad en los ciclos de crisis económica.
Por último, la sucesión de continuas convocatorias electorales autonómicas podría tensar hasta romper las costuras del Partido Socialista. Tras el batacazo electoral en Extremadura, el contexto no parece nada halagüeño en Aragón, Castilla y León o Andalucía, lo que podría inflamar una rebelión interna ante el hecho incontestable de que los cargos socialistas están dispuestos a transigir con todo siempre y cuando ello no implique sacrificar la poltrona que paga sus sueldos.
Lo que sí parece claro es que el Presidente parece dispuesto a todo con tal de seguir en el poder a toda costa. La regularización masiva de irregulares tensará aún más la situación de la vivienda, el transporte o la sanidad al acrecentar el efecto llamada y al introducir a más personas en el sistema mediante el reagrupamiento familiar. Y, por si el daño a España no fuera suficiente, la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña o el cuponazo ahondarán en las desigualdades entre españoles, blindando privilegios que en el futuro será enormemente complicado revertir.
La historia demuestra que las estrategias basadas en ganar tiempo rara vez fortalecen a los gobiernos que las practican, sino que más bien suelen debilitar a las instituciones que los sostienen. El sanchismo ya ha lanzado su disparo, el problema es que me temo que el efecto del retardo puede acabar llevándose por delante al Estado.