Bajar impuestos, un compromiso permanente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar una nueva reducción de impuestos. En este caso, en el tramo autonómico del IRPF, que se reducirá 0,5 puntos. Una medida que beneficiará a casi tres millones de contribuyentes que se ahorrarán 500 millones de euros, pero especialmente a las familias con menor poder adquisitivo, aquellas con rentas inferiores a los 35.000 euros brutos anuales, que son el 71% de los madrileños.

Con esta nueva reducción, el tipo mínimo quedará fijado en el 8% y el máximo en el 20%, consolidando al IRPF madrileño como el más reducido de todas las Comunidades Autónomas. Así, un contribuyente de Madrid tendrá un ahorro fiscal de 635 euros en relación con un contribuyente medio de Cataluña o de 555 euros respecto a uno de Castilla-La Mancha.

No es ésta una iniciativa electoralista ni de carácter populista. Responde a un compromiso asumido por la presidenta regional en el programa con el que concurrió a las elecciones de 2023, desde el convencimiento de que cumplir con la palabra dada no es sólo una muestra de respeto a los electores, sino también un mensaje a los agentes económicos de confianza, seguridad y credibilidad, una seña de identidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que tanto se echa en falta en el de Pedro Sánchez.

Este compromiso va más allá de un momento puntual. Se incardina en una política fiscal general que ha hecho de la reducción de impuestos un pilar fundamental a lo largo de todas las legislaturas y en todas las figuras tributarias. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta son ya 35 ocasiones en las que su Gobierno ha reducido los impuestos.

En el caso del IRPF, esta nueva medida se une a la reducción de otro medio punto practicada en el año 2022 y a las dos deflactaciones del impuesto que evitaron que el aumento de la carga fiscal anulara el incremento salarial derivado de la inflación.

Más allá del impuesto sobre la renta, en estos años los madrileños han visto cómo se reducía también el de Sucesiones y Donaciones, así como aquellos que más afectan al acceso a una vivienda, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos jurídicos Documentados, además de ser la única comunidad autónoma de régimen común sin impuestos propios, en contraposición a los 15 de la región que más tiene (Cataluña).

Todas estas medidas, que han supuesto un ahorro a los contribuyentes de 40.000 millones de euros, nacen de la confianza que el Partido Popular de Madrid y su Gobierno regional tiene en los madrileños, en su iniciativa, en su esfuerzo, en sus ganas de prosperar e impulsar con ello el progreso de la sociedad en la que viven.
La Administración no puede ponerles obstáculos o barreras que lo impidan en forma de impuestos abusivos o intervencionismos trasnochados. Al contrario, tiene que ayudarles a sortearlas y devolverles el fruto de su esfuerzo para incentivar sus ganas de emprender nuevos proyectos y de alcanzar metas más altas en beneficio de todos.

Sólo así haremos posible que nuestra sociedad avance, porque sólo así podemos atraer nuevas inversiones, impulsar el emprendimiento y generar empleo. Es lo que está pasando en Madrid. Tres de cada cuatro euros de la inversión que entra en España viene a la Comunidad de Madrid; es la región donde más empresas se crean, la que registra más altas de autónomos, y, gracias a todo ello, la que lidera la creación de empleo. Se consigue así, además, incrementar la base de contribuyentes, de tal manera que, con menor esfuerzo de cada uno de ellos, la Administración puede contar con más recursos. Baste señalar que en 2022, reduciendo y deflactando el IRPF, se recaudaron 900 millones de euros más que el año anterior. O que desde que se redujo por primera vez el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el número de donaciones realizadas se han multiplicado casi por 20, el de sucesiones por tres y la recaudación se incrementó un 27%.

Esos mayores recursos están permitiendo reforzar los servicios públicos y convertirlos en los mejores de toda España. Lo hemos visto en los Presupuestos regionales que han entrado en vigor en 2026: un esfuerzo financiero récord de más de 30.000 millones de euros, de los que 9 de cada 10 euros se destinan a gasto social.

Así pues, la política fiscal impulsada desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno madrileño no sólo ha beneficiado a cada contribuyente con un ahorro fiscal de 10.500 euros, no sólo se ha traducido en más oportunidades de empleo para los ciudadanos de Madrid, sino que es la mejor garantía de la prestación de más y mejores servicios públicos, un compromiso permanente e irrenunciable con los madrileños.