Menú

Madrid

Vivienda, fiscalidad y libertad

Menos impuestos en el IRPF, menos impuestos en el ITP o AJD y liberalizar suelo público para ponerlo en manos del sector. Esa es la receta.

Menos impuestos en el IRPF, menos impuestos en el ITP o AJD y liberalizar suelo público para ponerlo en manos del sector. Esa es la receta.
Isabel Díaz Ayuso. | CAM

Menos impuestos, más libertad. Siempre que nos encontremos ante un reto para mejorar en la gestión pública y apliquemos esta receta, estaremos más cerca de darle solución. Y la vivienda no iba a ser una excepción; especialmente la vivienda.

El que hoy se ha convertido en el problema principal de los españoles lo es después de seis años de políticas fracasadas del Gobierno socialista, que no ha querido ver que el reto requiere incentivar la oferta de vivienda y no restringirla, como ha conseguido con sus iniciativas.

En un contexto en el que, por primera vez en la historia del mercado inmobiliario español, la oferta de vivienda nueva está significativamente por debajo de la creación neta de hogares (95.000 unidades frente a 250.000 hogares, según datos del Banco de España), parece evidente la necesidad de llevar a cabo actuaciones que permitan impulsar dicha oferta.

Sin embargo, el Gobierno central, lejos de cumplir con su promesa de realizar 184.000 viviendas públicas, ha adoptado decisiones, impulsado iniciativas y trasladado mensajes que contraen aún más la oferta, agravando así el problema.

Es el caso de medidas intervencionistas como limitar el precio de los alquileres, que ya fracasaron en ciudades como Berlín, París o Estocolmo. La evidencia empírica demuestra que en el corto plazo puede reducir coercitivamente los alquileres de los inquilinos que se sitúan por encima del máximo regulatorio, pero en el medio plazo incrementa los precios situados por debajo del nivel de referencia, perjudicando de esa manera a quienes tienen menos recursos. Además, crea un mercado negro de pisos alquilados sin contrato, sin tributación y sin garantías para los inquilinos y, por supuesto, a precios muy superiores a los del nivel de referencia. Asimismo, estas políticas introducen incentivos para que muchos propietarios desvíen su inversión hacia otros mercados, como el alquiler vacacional o el estacional, reduciendo de esta manera la oferta disponible.

Sabemos también que los peores enemigos del inversor, en este caso del propietario que está dispuesto a poner una vivienda en el mercado, son la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Y precisamente eso es lo que ha incentivado el Gobierno de España con su permisividad hacia la okupación, la sobreprotección del inquilino en caso de impago o la prolongación forzada del contrato mínimo del alquiler a precio fijo.

Es esa actuación gubernamental la que ha provocado que, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el precio de la vivienda en propiedad haya crecido un 40% y en alquiler lo haya hecho un 36%. La causa no está en viejos clichés que no se corresponden con la realidad: ni hay burbuja inmobiliaria, sino lo contrario, ni es el efecto de la actuación de grandes especuladores.

Una política de vivienda realista y eficaz requiere incentivar la oferta y ayudar a quienes tienen más dificultades para acceder a ella, principalmente los jóvenes, víctimas de un mercado laboral ideado por Sánchez que nos ha convertido en el país de Europa con mayor tasa de paro juvenil (27%), el único de los 38 países de la OCDE con la tasa de paro general por encima del 10% (11%) y el de mayor precariedad laboral (el 62% de los jóvenes tiene un contrato temporal y el 40% de los firmados dura menos de una semana).

La mejor forma de hacer ambas cosas es aplicar las recetas que señalábamos al comienzo del artículo: menos impuestos y más libertad.

Menos impuestos en el IRPF para los pequeños propietarios que pongan sus viviendas vacías en el mercado de alquiler, menos impuestos en el ITP o AJD para esos jóvenes que tienen más dificultad a la hora de acceder a una vivienda, así como mayores deducciones en el IRPF por inversión en la primera vivienda.

Y más libertad, liberalizando suelo público para ponerlo en manos del sector, desenmarañando las trabas burocráticas que ralentizan la iniciativa inmobiliaria y otorgando mayor seguridad jurídica a los propietarios frente a la okupación o las estrategias de impago. Todo ello sumado a la construcción de más vivienda pública con las que complementar la oferta privada para aquellas familias que tienen más dificultades.

Es decir, las propuestas presentadas por el Partido Popular y las que viene desarrollando ya la Comunidad de Madrid. En este sentido, basta señalar que el 1 de enero entraron en vigor en nuestra región nueve nuevas rebajas de impuestos centradas en la vivienda con un ahorro fiscal de 170 millones de euros para los madrileños. Son rebajas del IRPF, del ITP y del AJD que, además, también amplían a los 40 años la deducción en el IRPF del arrendamiento de vivienda habitual, que beneficiará a 45.000 contribuyentes.

Paralelamente, los Presupuestos Generales de la Comunidad, también en vigor desde el pasado 1 de enero, prevén un importante esfuerzo inversor en materia de vivienda que permitirá entregar 3.000 nuevas viviendas del Plan Vive en alquiler a precio asequible. Guarden esta frase en su memoria: cuando termine la legislatura, Madrid habrá sido, de largo, la comunidad autónoma que más vivienda habrá construido y entregado de toda España en estos cuatro años.

Son medidas ya en marcha que consolidan a la Comunidad de Madrid como la región más comprometida con el acceso a la vivienda. Frente a esta realidad, recurrir a aforismos trasnochados o insistir en dogmas que no han superado con éxito la prueba de la puesta en práctica no es sino desviar la atención para que el Gobierno de Pedro Sánchez se pueda seguir ocupando de lo que realmente le preocupa: tapar sus casos de corrupción y mantenerse en el poder cueste lo que cueste; aunque sea a costa del sueño de miles de jóvenes.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Escultura