Otra guerra de Sánchez

Indra fue una de las pocas compañías semipúblicas que funcionaba razonablemente bien. Y, aún después de 2018, siguió haciéndolo porque la famiglia no se fijó en ella. Pero Putin invadió Ucrania en febrero de 2022 y de golpe y porrazo, nunca mejor dicho, la industria armamentística disparó sus perspectivas de crecimiento. Y los nerviosos ojos del don se volvieron hacia el sector y allí encontraron a Indra, para su desgracia.

La cuesta abajo empezó cuando il capo puso a la cabeza de la sociedad a un hombre del mundillo, Ángel Escribano. Y a este le pidió que convirtiera a Indra en el estandarte nacional de la industria de defensa. Sin embargo, nada más llegar, al tal Escribano se le ocurrió que, ingresado en la famiglia, por qué no hacer lo que ellos y decidió que Indra, que pertenece a todos los españoles en un 28 por ciento, le comprara su empresa, una con un nombre muy rimbombante y algo cursi que responde al acrónimo de EME. El precio sería de amigo, unos 1500 millones de euros que Escribano se repartiría con su hermano Javier, dueños de ella al cincuenta por ciento.

Terremoto en Indra: Escribano se revuelve después de que Moncloa le llame a capítuloLuis F. Quintero

El Gobierno, acostumbrado a corruptelas mucho más toscas, nada objetó. Sin embargo, un accionista particular, la Sociedad Placencia de las Armas (SAPA), se opuso al dislate, aunque solo fuera por el palmario conflicto de intereses que manchaba la operación. No obstante, aunque inquieto, el Gobierno siguió apoyando que su hombre se forrara desde la dirección de Indra. Mucho más cuando contaba con el respaldo entusiasta de otro accionista particular, Amber Capital, fondo dirigido por el camaleónico Joseph Oughourlian, y propietario de Prisa, editora de El País, que qué boda sin la tía Juana.

Mientras, con el fin de convertir a Indra en la gran campeona española de la producción militar, Escribano quiso adquirir Santa Bárbara, otrora prestigiosa empresa española, hoy en manos de la norteamericana General Dynamics. Los estadounidenses, enojados por la maniobra, contraatacaron con el fichaje de Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez, purgado en su día con Ábalos. Y todo empezó a complicarse. Santa Bárbara impugnó un decreto por el que Industria otorgó a Indra créditos mil millonarios sin interés. Pero, la impugnación de la concesión afectó a un total de siete decretos por los que se otorgaron préstamos por valor de más de catorce mil millones de euros, aprobados a finales del año pasado. Con esto es con lo que Sánchez esperaba llegar al dos por ciento de PIB en gasto militar que prometió a la OTAN. Pero, como todo lo hace mal, al Gobierno se olvidó solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado, que no es vinculante, pero que hay que pedirlo. Seguramente no lo hicieron para poder meter el gasto en el ejercicio de 2025, cosa que, si hubieran tenido que esperar al informe, no habrían podido hacer. Y, como siempre, todo se fue al garete. De forma que Sánchez quiere castigar a Escribano por no saber comprar Santa Bárbara, enfadar a los norteamericanos y dar lugar a que el Supremo olisquee en la legalidad de sus decretos. Y, de paso, ahora dice que no le gusta que se venda a sí mismo su empresa, que es algo muy feo, aunque antes, que era igual de feo, no pusiera inconveniente. Lo más gracioso es que Escribano, que ve cómo se le escapan los mil quinientos millones, no quiere dimitir y se ha atrincherado en su despacho de Indra, armado hasta los dientes, quizá con dosieres e informes de 155 mm.: la típica guerra de Sánchez.