Julio Iglesias y la vulneración del principio de presunción de inocencia

Se supone que el principio de presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales de todo Estado de derecho. Ya resulta lamentable que buena parte de la izquierda mediática se haya saltado a la torera este derecho fundamental, válido hasta que no haya sentencia condenatoria firme y consagrado tanto en el artículo 24.2 de la Constitución como en todos los tratados internacionales y de derechos humanos, para culpar al cantante Julio Iglesias de haber cometido mal trato y abuso sexual contra dos mujeres que habían trabajado en su casa.

Con todo, aun es más escandaloso que un representante del gobierno, al que es exigible mayor grado de prudencia y máximo respeto a este principio inspirador del orden penal, lo haya vulnerado tan clamorosamente como lo ha hecho la vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz, no en una sino en dos ocasiones: La primera, en un mensaje difundido en la red social Bluesky, en que la vicepresidente tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de julio Iglesias" al que acusó de "abusos sexuales" y de someter a sus trabajadoras a "una situación de esclavitud con una estructura de poder basado en la agresión permanente"; y la segunda en una entrevista ofrecida a RTVE, en el programa de Silvia Intxaurrondo, en la que Díaz hizo una "condena rotunda" al cantante porque "la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema".

Si tenemos presente que Julio Iglesias no ha sido condenado en instancia alguna, sino que la denuncia contra él ha sido archivada, se entenderá que el cantante haya demandado a la vicepresidente del Ejecutivo y que haya reclamado un acto de conciliación previo a la presentación de una querella por un delito de injurias con publicidad y calumnias.

Sin embargo, hasta tal punto se cree Yolanda Díaz que está por encima de la ley, que, lejos de retractarse o de rectificar, al menos, sus difamatorias declaraciones, ha corrido a reiterar su compromiso con las víctimas y "a defender a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos". Vamos, como si la encomiable defensa de las mujeres ante cualquiera que vulnere su integridad pasara inexorablemente por algo tan execrable como condenar a alguien sin pruebas y sin que ningún tribunal lo haya condenado.

La cuestión es que Yolanda Díaz, cuya osadía es directamente proporcional a su ignorancia en el ámbito jurídico, parece haber sustituido el principio de presunción de inocencia por el aberrante principio según el cual si el destinatario de una denuncia presentada por una mujer es un hombre la denuncia ha de ser considerada inexorablemente como verdadera y al hombre necesariamente como culpable. Poco importa que este aberrante principio, que también vulnera el articulo 14 de la Carta Magna que establece la no discriminación por razón de sexo, se haya cobrado ya una victima en sus propias filas, como es el caso de Iñigo Errejón. Cualquier cosa vale a Yolanda Díaz para utilizar este clarisimo caso de difamación pública contra un artista para arremeter contra el PP.

El tiempo lo dirá, pero dudamos que Yolanda Díaz se retracte aunque solo sea por ese principio que dice que "rectificar es de sabios". Ella, sencillamente se cree que está, al igual que el propio presidente del gobierno, por encima de la ley.