El proceso para regularizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales va a desatar un caos administrativo como pocas veces se ha visto en nuestro país. Hablamos de una Administración Pública que ya está colapsada en la prestación de servicios esenciales y en la que obtener una cita para ser atendido en una oficina de la Seguridad Social es una leyenda urbana, de tal manera que los trabajadores que se jubilan comienzan a buscar una cita varios meses antes de la fecha del retiro para que los atiendan a tiempo. No hay mejor idea para agilizar el servicio que utilizar esas oficinas para que los inmigrantes irregulares acudan también a tramitar su tarjeta de residencia, como tiene previsto el Gobierno.
Por no hablar de las oficinas de Extranjería, donde las citas, en no pocas provincias, se obtienen previo pago de un importe elevado a las mafias que se hacen con ellas en cuanto se abren al público, que van a recibir también parte del aluvión de solicitudes en cuanto se abra el plazo para presentarlas. Y luego está Correos, el otro gran servicio público español con un estándar de calidad y rapidez por todos conocido, cuyas oficinas van a ser receptoras también de las solicitudes de extranjería si se mantienen las previsiones del Gobierno en el borrador del decreto que está a punto de aparecer en el BOE.
Todo aquel que pretenda gestionar su jubilación, renovar su permiso de residencia o recoger una notificación de la AEAT de aquí al 30 de junio ya puede apostarse a las puertas de las oficinas que corresponda y resolver su papeleo, porque cuando el BOE publique la buena nueva va a ser imposible gestionar otra cosa que los cientos de miles de solicitudes de regularización.
Lo más espectacular de todo este asunto es la posibilidad de que el Gobierno externalice este proceso a través de entidades colaboradoras. Conociendo a los socialistas, aquí hablamos ya de la posibilidad de que se produzcan fraudes a gran escala, una circunstancia preocupante con profundas implicaciones futuras en términos de seguridad ciudadana y sostenimiento del Estado del Bienestar.
El Gobierno calcula que no habrá más allá de medio millón de aspirantes, por lo que una previsión razonable es que lo pedirán más de un millón. Puesto que la mera presentación de la solicitud ya habilita para ejercer los derechos de residencia y trabajo, ningún inmigrante en situación ilegal va a renunciar a esa posibilidad por el simple detalle de no cumplir los requisitos establecidos, como residir en España antes del 31 de diciembre de 2025 o no tener antecedentes penales. Una vez dispongan del impreso de solicitud sellado por un registro público, ¿quién los va a controlar?