Sólo nos queda una maldita esperanza: algún día habrá elecciones. No es poco. Pero ni siquiera eso está garantizado. El nivel de deterioro de la democracia española parece no tener límites, especialmente cuando el Gobierno de Sánchez, en un alarde de cinismo sin parangón en la historia política de España, acusa a la Oposición democrática de acabar con el sistema constitucional del 78, porque no firma un papelucho para repartirse el nombramiento de los magistrados del CGPJ. La vida pública-política, lo actual de esa vida, está a la vista: España es un desierto político. La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es la causa de este yermo pedregoso que es la vida política española. Al contrario, es la consecuencia de una ausencia absoluta de crítica y, sobre todo, de autocrítica de los líderes políticos a la hora de reconocer el eclipse total de sus ideas. Todo es obscuro. Negro.
Ha desaparecido por completo la imaginación política. Sánchez está entregado al separatismo, o sea, a un cambio de régimen político que termine legitimando la destrucción de la nación española. Y Feijóo, un tímido líder de última hora, sólo ha dejado claro que aspira a conquistar el poder con la ayuda de los herederos del psicópata Sabino Arana, la gente del PNV. Es decir, más de lo mismo de los últimos cincuenta años: sólo de boquilla el PSOE y el PP aspiran a una España de ciudadanos libres e iguales. Las decisiones que toman Sánchez y Feijóo no son frutos de una idea de España, de un plan o proyecto político basado en ideas, sino de las conclusiones coyunturales de una encuestas realizadas para justificar su ceguera democrática. Política.
Si quieren que me crea algo de sus enjuagues y trasiegos contra la democracia del 78, Sánchez y Feijóo tendrían que hacer tres sencillas autocríticas: en primer lugar, el nombramiento de esos puestos deberían hacerse por la vía del Parlamento; en segundo lugar, entre los cuarenta y tanto nombres que salieron elegidos de las asociaciones de jueces y fiscales, en 2018, hágase un sorteo, o sea, una lotería, y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. ¡Vamos que la cosa se resuelva como en la democracia ateniense: entre los "sabios" y gente más preparada de la cosa judicial que decida la suerte! Y tercero, y seguramente principal, Sánchez y Feijóo deberían hacer un comunicado conjunto elemental y sencillo que dijera: para que una democracia funcione no se necesita ni un Tribunal Constitucional ni un Consejo General del Poder Judicial. Sigan, sí, el dictum de Francisco Sosa Wagner, una persona inteligente, honrada y sabia en el ámbito judicial: "El Consejo General del Poder Judicial no es un utensilio indispensable de la caja de herramientas del sistema democrático".