A las pocas horas de que el ministro de Educación anunciara la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional, llegó la réplica de sus socios de CIU. La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, dijo que si el ministro quería impartir educación constitucional, ella impartiría en Cataluña educación estatutaria.
Es evidente que los nacionalistas saben que, para seguir adoctrinando en las aulas catalanas en favor del levantamiento de fronteras entre españoles, no pueden enseñar a los alumnos que nuestros derechos y libertades emanan de la Constitución, que todos los españoles somos iguales ante la ley, que la Constitución es quien reconoce al catalán como lengua co-oficial en Cataluña junto al castellano o que el gobierno autonómico no viene de las Tablas de la Ley ni lo tenemos por derecho divino sino, precisamente, porque en nuestra carta magna España se configura como un estado autonómico, en el que la soberanía reside en todos los ciudadanos españoles y no en los territorios.
Si al gobierno Mas le molesta que los ciudadanos catalanes conozcan nuestro modelo de Estado y los derechos y libertades que nos amparan, y si contrapone el Estatuto catalán a la constitución es evidente que piensan impartir el estatuto que quedó invalidado por el Tribunal Constitucional y no el texto tal y como quedó redactado e interpretado después.
Además, la consejera de Mas advirtió que si tienen que impartir esta nueva materia lo harán explicando a los alumnos catalanes que la constitución ha recortado derechos a los catalanes. Es decir, justo lo contrario a la verdad. Como ya declaró el TC y después en varias ocasiones el Tribunal Supremo, el gobierno de Mas debe establecer una educación bilingüe en Cataluña para que las dos lenguas oficiales sean vehiculares en la enseñanza. Fue por tanto el nacionalismo catalán, con el apoyo de Rodriguez Zapatero, quién conculcó derechos a los ciudadanos de Cataluña aprobando un estatuto parcialmente inconstitucional que aún, a día de hoy, se aplica en nuestra comunidad autónoma contra las sentencias judiciales haciendo de Cataluña un territorio español donde no se aplica ni se respeta la legalidad por parte de la Generalitat.
Los sucesivos gobiernos de España, sean del PSOE o del PP, han optado siempre por pactar con CIU o ERC a cambio de entregarles Cataluña para que éstos hagan lo que les plazca, como si la Generalitat no fuera parte del estado. Ha sido una forma cómoda para el PSOE y el PP de asegurarse el poder -Congreso, Senado, diputaciones, alcaldías o autonomías- pero, a su vez, una forma inmoral de dejar a los ciudadanos de Cataluña, que no apoyamos a los secesionistas y nuestros derechos, en la cuneta.
Si Mas no cumple las sentencias, ni imparte las asignaturas que marca el ministerio, es responsabilidad del líder convergente en primera instancia, pero lo es también de quien lo ampara y no ejerce sus funciones. Rajoy y Sánchez-Camacho se comprometieron a no apoyar a quienes incumplieran la constitución y hoy, con mayoría absoluta en las Cortes y siendo socios de CIU en Cataluña, no tienen excusas.
El PP tiene dos vías muy claras para forzar a CIU a cumplir las sentencias y a aplicar la Constitución en Cataluña. La vía jurídica es utilizar la Alta Inspección del Estado para vigilar que se impartan los contenidos y las asignaturas como educación constitucional y el régimen lingüístico que exige la justicia a Mas. Y la otra vía es la política, condicionando el apoyo actual del PP a CIU en los presupuestos de la Generalitat y en los gobiernos en coalición en capitales y en las cuatro diputaciones catalanas donde se reparten los cargos entre populares y nacionalistas. Es evidente que la vía política no se utiliza porque el PP catalán, con el apoyo de Rajoy, muere por ser comparsa de CIU como recordaba acertadamente esta misma semana Vidal-Quadras , y el ministro Wert no se comprometió en el Congreso a ejercer la vía jurídica a través de la Alta Inspección.
Somos cada vez más los catalanes que no confiamos en este gobierno del PP, y especialmente con el filibusterismo de que muestra Sanchez-Camacho y el PPC. Creo lamentablemente que si de este partido depende nunca se impartirá Educación Cívica y Constitucional en Cataluña como en el conjunto de España, y si de ellos depende tampoco se impartirá una educación bilingüe en nuestra esta comunidad autónoma.
Si los ciudadanos catalanes tenemos que seguir aguantando, también con Rajoy gobernando, que nuestros hijos sigan dando de manera ilegal solo dos horas de clases a la semana en castellano -la lengua mayoritaria de los catalanes-, que les sigan diciendo que Cataluña pertenece a los países catalanes y que la Constitución nos quita derechos, solo nos quedará pedirle al señor que vive en la Moncloa que traiga a sus hijos a estudiar a Cataluña, a ver si así deja de mirar hacia otro lado. Aunque seguramente su amigo Mas le recomendaría, llegado el caso, algún colegio privado donde ha educado a sus hijos, en el que se dan clases en español y en dos lenguas más y se les enseña los mapas geográficos de verdad y no los de ciencia ficción nacionalista.
Luego, algunos se extrañaran de que siga creciendo el odio y el enfrentamiento entre españoles mientras ellos se fuman un puro y pactan con los que imparten educación inconstitucional en nuestras escuelas.