Hace 40 años, en los comienzos de la llamada Transición (nunca se dijo hacia dónde) recogí el diagnóstico de un colega de Derecho Administrativo sobre el régimen que entonces se inauguraba: "Esto va a ser el paraíso de los abogados". El hombre lo decía por la maraña de litigios que se iba a desprender de lo que entonces empezaba a ser Estado de las Autonomías. Nadie sabía lo que eso iba a ser. Todavía hoy sigue siendo una incógnita.
El diagnóstico se ha cumplido con creces. La carrera de Derecho siempre fue una de las salidas más prometedoras para los jóvenes. Pero en la última generación todavía más. Querellas, recursos, litigios están a la orden del día en todas las organizaciones, públicas y privadas, en los sujetos individuales, que ahora son también clientes, usuarios, consumidores. Las noticias sobre tribunales de justicia, que antes constituían una sección especializada de los periódicos, ahora son de apertura en todos los medios. Los jueces y fiscales, antes figuras oscuras, se han convertido en celebridades. Las polémicas políticas a menudo se sustancian en los tribunales o en los despachos jurídicos. Algunos de los cuales se han convertido en grandes empresas por el volumen de negocio y la nómina de empleados. El Estado de las Autonomías es lo de menos. La miríada de relaciones de los contribuyentes con el Estado se resuelve hoy en el terreno jurídico. Nunca como hoy hemos visto a tantos políticos y altos funcionarios en la cárcel o por lo menos en el banquillo de los acusados, que por lo menos ahora cuenta con respaldo. Muchos más pasan por la categoría de investigados por la Justicia, algo que empieza a no ser demasiado degradante.
La política se impregna del lenguaje jurídico. Se recuerda el comentario que ha repetido tantas veces con orgullo Rodolfo Martín Villa: "Soy el ingeniero que más sabe de Derecho". De ahí su azaroso destino incombustible. Los jóvenes han aprendido la lección. Si desean medrar políticamente ya saben cuál es la carrera de éxito: Derecho y cualquier otra cosa al mismo tiempo. Fue la fórmula que inventaron los padres de la Compañía en Deusto y que luego se extendió a todas las escuelas de negocios. Últimamente se añade el complemento de los másteres. En la mente de todos está estos días la vergüenza de cierto máster en Derecho Autonómico (si es que existe tal engendro) de la Universidad Rey Juan Carlos. Nunca habían llegado tan bajo los catedráticos de universidad.
La gente del común se ha acostumbrado a manejar los terminachos jurídicos más abstrusos (ahora se dice "sofisticados"). Nunca como hoy ha sido tan alta la probabilidad de que uno pueda pasar por los tribunales, sean civiles, laborales, penales o administrativos. El hecho de la experiencia carcelaria acontece en las mejores familias. Los gastos en abogados, procuradores, notarios, asesores jurídicos, etc. son parte fundamental del presupuesto doméstico.
Se me dirá que todo este embrollo de leyes, disposiciones, directivas, reglamentos, contratos, expedientes, recursos, alegaciones, etc. representa el triunfo de la seguridad jurídica. No lo dudo, pero supongo que es también y sobre todo el triunfo de los abogados, sean del Estado, de las empresas o de los particulares.
De acuerdo, el llamado Estado de Derecho es mejor que lo que teníamos antes, pero se me reconocerá que todo este balduque (como antes se decía) nos sale muy caro. Y eso que ahora el Alcubilla o el BOE se han informatizado. El cliente principal de un abogado suele ser otro abogado. Se dice que "la Justicia es ciega" para ponderar su carácter equitativo, pero al final resulta que también se muestra insaciable.