La peculiar democracia española se distingue de otros regímenes parecidos (ahora se dice "homologables") en que ha pasado a ser una especie de paraíso de los abogados. No me refiero solo al privilegiado destino de los licenciados en Derecho que ganan las oposiciones a los grandes cuerpos de funcionarios. El grueso de los que ejercen la carrera viven unos tiempos de bonanza inmejorable. Se entiende que la especialidad de Derecho (más aún cuando se compagina con estudios empresariales o internacionales) sigue siendo la preferida de nuestros jóvenes. Cada vez son más las circunstancias organizativas o individuales que necesitan contar en todo momento con un asesor jurídico. Ya se sabe que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, pero el número de preceptos legales es hoy infinito, cambiante y contradictorio. No es fácil encontrar la razón por la que se ha llegado a tal estado de cosas. Enumero algunas con la esperanza de que el lector avisado complete y corrija mi escrutinio.
El Estado español acapara un número creciente de funcionarios, multiplicados por la pertenencia a la Unión Europea y su partición en las llamadas autonomías (que son más bien heterónomas). Esa proliferación lleva a una inacabable expansión de los conflictos de intereses. Sucede, además, que las relaciones judiciales son extraordinariamente garantistas, lo que refuerza la necesidad del asesoramiento letrado.
En la vida pública española cunde el valor de hacerse rico a toda costa. De lo que resulta la continua ayuda de los abogados para evitar las posibles colisiones con la complicada trama de normas. Por si fuera poco, interviene la tradición cultural de los españoles dispuestos a que les den la razón en todo tipo de pleitos, a los que son tan aficionados. Incluso para evitarlos, cuando se consideran demasiado arriesgados, se hace imprescindible la ayuda jurídica. No digamos en la operación de recurrir las sentencias de los tribunales. Ahora que se habla tanto de la postverdad, es decir, la mentira vestida correctamente, su expresión más cabal es la verdad jurídica, la que destilan los tribunales de Justicia. En ellos se abre paso la estrategia jurídica de los acusados (que ahora dicen "investigados").
La creciente imitación de la vida norteamericana nos ha llevado en España a nuevas organizaciones, como los grandes bufetes en los que muchos abogados por cuenta ajena se consideran proletarizados. Lo cual crea un nuevo tipo de competición que recorta mucho la idea de la profesionalidad liberal de antaño. Otra manifestación de esa tendencia es la práctica de hacer publicidad por parte de algunos despachos de abogados. Es un hecho moralmente reprobable, más aún si se une a la costumbre de estipular los honorarios como una especie de comisión del beneficio que se obtenga del litigio en cuestión. Con ello nos alejamos muchos estadios de la hermosa tradición del Derecho Romano. Claro que no sería la única herencia dilapidada. En esto como en todo, lo que se impone es lo que se ve en las películas norteamericanas.
Entendida la vida política y la empresarial como un continuo sistema de negociaciones y acuerdos, es lógico que se conceda una especial preeminencia al papel de los abogados. Da mucho prestigio asegurarse esa presencia. Un individuo es verdaderamente alguien si puede referirse a "mis abogados" (varios) que lleva consigo en sus transacciones.