La frase de una flamante vicepresidenta (o valida) parece extraída del famoso cuento Alicia en el país de las maravillas. (Por cierto, la verdadera traducción del título debería ser Alicia en el país de las preguntas). La sentencia de la dicharachera gerifalte dice así: "Lo importante no es quién gobierna, sino para quién se gobierna". Hombre (con perdón), en una democracia no tendría que haber duda: siempre se gobierna para el pueblo. Ahora se tiende a decir "la gente". Es igual, el dicho de la parlera vicepresidenta tiene sentido porque el Gabinete del señorito Sánchez es claro que manda para unos pocos, poquísimos, ellos mismos y sus conmilitones.
Solo que lo dicho es la literal definición de oligarquía (= gobierno de unos pocos), un término que casi siempre adhiere un tono despectivo. También es verdad que "el pueblo" o "los pocos" querían decir cosas distintas en la Grecia clásica o en la España de hoy. Hilando fino, todas las variantes del espectro democrático en el mundo presentan en la práctica un corrimiento hacia el rojo oligárquico. El cual quiere decir que el mando se ejerce más bien para proteger ciertos intereses parciales, que son, por definición, los de unos pocos. Normalmente, el movimiento indicado es sutil, pero en la España actual resulta descarado. Los "pocos" privilegiados hodiernos no son por necesidad los clásicos "ricos", esto es, los que atesoran el dinero. Más bien se refieren a la casta de los que controlan la información, la cultura, los medios de difusión, la propaganda, las influencias. Por eso se puede decir que constituyen una auténtica banda oligárquica.
En el pasado el tirón oligárquico se apoyaba en la herencia y en la fuerza; hoy se basa sobre todo en el dominio de los canales de comunicación, algo que se ve favorecido por el estado de las artes, lo que hoy se llama con menor propiedad "tecnología".
Claro que, por definición, la tarea de gobernar solo puede corresponder estadísticamente a unos pocos. Ahora bien, lo que importa para la calificación oligárquica es si esa minoría se comporta de una forma cerrada, excluyente, despótica, con manifiesto desprecio para los simples contribuyentes. Piadosamente nos llaman "ciudadanos". Se trata, pues, de un estilo de gobernar moralmente reprobable, aunque se despliegue como una cuestión de grado y de circunstancias.
El Gobierno oligárquico actual abomina de la clásica división de poderes, siempre que se presente la ocasión para ello. Los jurisconsultos se ven transmutados en altos cargos ejecutivos. La corrupción que digo no es tanto mercantil como ideológica.
Es común la observación de que las democracias actuales son una excepción en el mundo, una especie de exclusiva para los países mal llamados "occidentales". Como contraste, la degeneración oligárquica o autoritaria es la forma característica de la mayor parte de los países del llamado Tercer Mundo. Si eso fuera así, es claro que la actual democracia española, tal como ha ido degenerando, nos hermana con las corruptas y atrabiliarias oligarquías iberoamericanas. Este parentesco ideológico y cultural añade un punto de cálida tradición a la desvencijada estructura política española. No es un gran consuelo.
Sea cual fuere su parentesco cultural, el caso español de hoy responde al arquetipo de una verdadera banda oligárquica. Aparece conectada con una red internacional de grandes fundaciones y otros acrónimos sin ánimo de lucro, que proporcionan grandes rentas a sus dirigentes. El nuevo Gobierno español viene a ser una especie de sucursal de esa trama globalista. Mantiene una posición solapadamente anticatólica, antimonárquica y subrepticiamente antiespañola. Conecta muy bien con los movimientos separatistas, feministas y ecologistas y con todos los artículos del credo de lo políticamente correcto. Al final, asume una cantidad de poder por individuo de los que mandan que resulta superior a la que nunca ha existido en la España contemporánea.
Como es lógico, la sustancia de la oligarquía española actual necesita manifestarse con el talante intervencionista o totalitario típico de los fascismos o los comunismos. Véase el ejemplo en esta reciente declaración taxativa de la ministra de Educación para justificar el ánimo adoctrinador de la escuela: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres". Resuena el axioma de Mussolini: "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado". Luego resulta muy fácil tildar de "fascistas" a los que protestan contra ese ánimo totalitario. Si los padres se oponen al proyecto de adoctrinamiento moral de sus hijos en las escuelas en la dirección progresista, su protesta se ve calificada como censura. El mundo al revés.