Quiero decir, un capricho por parte de los que mandan, como una forma de ejercer el poder. Es de suponer que en España vamos camino de cambiar de Constitución. No será la primera vez en nuestra zarandeada historia. Por lo menos esa alteración de lo que enfáticamente llamamos "carta magna" podría pasar por renovar poco a poco algunas de nuestras instituciones relacionadas con la expresión de la voluntad popular. Una de ellas, verdaderamente clave, es la de la forma de elegir a nuestros representantes políticos, desde los concejales a los diputados. Tampoco estaría mal que el número de esos representantes se redujera un poco. No entro a considerar la suma de privilegios que ahora ostentan. Eso sería materia de otro comentario.
Los comicios de todo orden deberían ser regulares, esto es, con una fecha tasada e inalterable. Por tanto, el Gobierno de turno y del grado que sea no debe tener la facultad de adelantar las elecciones de acuerdo con su conveniencia. Ni qué decir tiene que hay que seguir con la tradición de que los comicios se celebren en un día festivo. En ningún caso el voto debe ser obligatorio. No importa demasiado que la participación electoral sea baja. Lo sospechoso es que se acerque al 100% del censo, como ocurre en ciertos regímenes autoritarios. Por cierto, una práctica poco recomendable es el uso, y no digamos el abuso, de la fórmula del referéndum. Es un recurso que se presta a la demagogia. Precisamente, la democracia representativa se inventó para evitar el inconveniente de la democracia directa. Y no se diga que la tal democracia directa la practican los cantones suizos, puesto que Suiza no es un modelo de casi nada. Por lo general, las instituciones políticas deben basarse más en las tradiciones propias y en la razón que en el mimetismo de supuestos países ejemplares. Ni siquiera lo son por situarse "en nuestro entorno".
Además, solo en casos excepcionales y perfectamente previstos se debe aceptar el voto telemático o por correo. En el mundo de la realidad virtual en el que nos movemos, se imponen algunos actos presenciales. Uno de ellos es el de depositar el voto, y no digamos el de tomar posesión de un cargo representativo. Tampoco estaría de más que se exigiera estrictamente hacer la operación de votar en una cabina o similar. La corruptela actual de llevar de la papeleta de voto desde casa no es de recibo. Tampoco deben considerarse elecciones las que no cuenten con un censo previo, inaccesible a nadie fuera del circuito de los comicios correspondientes.
Subsiste en España una prohibición irracional: la de que no se deben levantar encuestas políticas durante la semana anterior a la jornada electoral. Es algo que va contra la más elemental libertad de expresión. No se entiende que subsista una norma tan arbitraria. Por lo mismo, carece de sentido que exista un día de reflexión antes de las votaciones, durante el cual no se puede hacer propaganda política. De nuevo es algo que va contra la libertad de opinión.
El Gobierno resultante de una elección debería respetar el supuesto de la mayoría absoluta de un partido, pero también el caso de la lista más votada, cuando no alcanzara esa mayoría. Para lograr un mejor automatismo, se podría arbitrar algún mecanismo de prima en el número de representantes asignados al partido con más votos. No es algo que contradiga el espíritu democrático, como no lo es la misma existencia de los partidos. La tentación de un partido único que represente la voluntad general es una pretensión irreal, cuando no estúpida.
La norma más sustantiva es que, en las elecciones nacionales, cada uno de los partidos debe representar explícitamente a todos los españoles, no a una parte de ellos. La representación parcial debe corresponder a los grupos de presión. Por cierto, no estaría de más que se regularan un poco.