Leo pasmado, abochornado e indignado que el Gobierno de España acaba de conceder una subvención de 100.000 eurillosa un grupo monitorizado por el expresidente Rodríguez Zapatero. Su misión: promover en todo el mundo la abolición de la pena de muerte. Espero que la noticia no sea una broma. Me pregunto si no habrá otras causas más urgentes que defender. Después de todo, la pena de muerte ha sido ya abolida en muchos países, entre ellos el nuestro. Son muchas más las personas que mueren violentamente en todo el mundo sin que sean condenadas por un tribunal.
Por lo visto, el expresidente Zapatero no se conforma con su privilegiado puesto en el Consejo de Estado, como insigne jurista que es, entre otros momios. No será el menor las generosas compensaciones que se suponen por defender los intereses de alguna gran empresa española en Venezuela. Pero "lo importante no es la peseta; es la acción", que decía la verdulera. Lo que me alarma es la dadivosidad del Gobierno, dizque en funciones, para derramar sin tasa los dineros de nuestro erario. Habrá que ver los dispendios cuando el Gobierno sea efectivo. No quiero ni imaginar lo que sería un hipotético Gobierno de los progresistas y separatistas unidos, dispuestos a gastar la intemerata. ¿Sería capaz de donar una subvención al expresidente Rajoy?
Lo que falla aquí no es una disposición concreta para ayudar a un fin específico con ánimo benefactor. El problema está en el principio de la alegría en el gasto público para agradar a unos o a otros grupos o señores de presión. En definitiva, se emplean los dineros públicos para conseguir influencia privada.
Claro es que el Estado debe atender muchas necesidades sociales o recompensar el esfuerzo de los súbditos que lo merecen. Pero eso no significa la prodigalidad descontrolada. Antes bien, la corriente de subsidios públicos debe ser estudiada con cuidado. Ahora que todo lo inspeccionan y controlan,no veo qué oficina o cuerpo se encarga de verificar la justicia de las subvenciones.
La realidad es que el Estado (en sus distintas modalidades) mantiene deudas ingentes y crecientes que solo se podrán pagar en la próxima generación. No es solo una crítica al Gobierno actual, puesto que tal política derrochadora la comparten todos los demás partidos del arco parlamentario. Es más, un hipotético Gobierno de izquierdas elevaría todavía más la deuda pública de los españoles. No hay más que leer sus respectivos programas. Así pues, los sufridos contribuyentes nos encontramos atrapados por la ley de hierro de la oligarquía. Un expolítico puede seguir siendo un hombre de presión. En cuyo caso la distinción entre políticos en el Gobierno o en la oposición parece sumamente fluida. Ahora se comprende que las vocaciones políticas sean tan numerosas y tenaces. La cuestión del sueldo de los altos cargos es cosa menor. Lo que realmente importa es que, a través de la política, una vez que se abandona, uno puede enriquecerse bonitamente con toda la tranquilidad legal. Ese es el premio al que aspiran tantos cándidos candidatos.