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Límite constitucional al déficit

España está intervenida de facto por los socios europeos que están liderando la compra la deuda soberana que emite el Tesoro Público de España ya que, a cambio, están exigiendo reformas económicas.

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Una reforma constitucional para limitar el déficit público queda vacía de contenido legal si no viene acompañada, como mínimo, de cambios para garantizar la independencia de los jueces y para dotar de separación de poderes.

Tenemos muchos ejemplos, de cómo la actual casta política en España no está acatando la Constitución, ya que se dictan impunemente leyes, normas, reglamentos y resoluciones en contra de la misma. Véase el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, a modo de ejemplo, para constatar cómo no se cumple de rule of law en España. Y obsérvese cómo un tribunal político denominado Tribunal Constitucional valida los atropellos que se realizan a la Constitución.

Por ello, muchos ciudadanos seguimos desconfiando de la posibilidad real de que pueda implementarse una reforma correcta para limitar el déficit público del Estado. Se ha perdido la confianza en la actual clase política ya que, como colectivo, no aparentan tener el sentido de Estado y la moralidad suficientes para aprobar una herramienta legislativa de verdadero autocontrol del déficit público.

Es decir, desconfiamos de que se pueda implementar legalmente una reforma constitucional de modo que, en el futuro, no pueda saltarse la disciplina presupuestaria otro Gobierno, insensato y manirroto, para jugar a la utopía del gasto social descontrolado.

Habiendo realizado las salvedades anteriores, a continuación, les damos el trabajo hecho a aquellos políticos que deseen implementar una reforma constitucional para limitar el déficit presupuestario.

En principio, deben cumplirse varios requisitos para que, a medio y largo plazo, funcione una propuesta de reforma constitucional para limitar el déficit presupuestario:

  • El déficit público debe quedar situado en el 0% PIB y, como mínimo, su incumplimiento debe quedar también aprobado por los ciudadanos que sufrirían los efectos del mismo. Esto significa que, el Gobierno debe pasar una barrera legislativa para incurrir en déficit presupuestario, por ejemplo, mediante un referéndum obligatorio (artículo 92 CE).  
  • Evidentemente, resultaría aún más interesante una reforma constitucional que legislase que, en caso de obtenerse superávit, se debe aplicar para realizar una reducción equivalente de impuestos en el siguiente ejercicio presupuestario, de forma que la buena gestión pública alcance a todos los ciudadanos.

Un método eficiente de interponer una barrera legislativa sería implementar el límite constitucional al déficit presupuestario de modo que la Constitución obligue a la convocatoria de un referéndum vinculante (art. 92 CE) en cada ejercicio en el cual un Gobierno pretendiese incurrir en déficit público, debiendo asumir el correspondiente desgaste electoral.

Ésa barrera legal sería solamente rebasada por un Gobierno, si lograse explicar y convencer a los ciudadanos, que se trata de una situación puntual y vinculada a un plan de austeridad previo que, nuevamente, llevase las cuentas públicas al déficit del 0% del PIB o al superávit.

Desde luego, sería una medida hayekiana en el sentido de introducir una reforma escalonada de las instituciones que permitiría limitar el gasto del Estado, interponiendo barreras legales frente a los pactos parlamentarios y las artimañas de políticos intervencionistas. 

España está intervenida de facto por los socios europeos que están liderando la compra la deuda soberana que emite el Tesoro Público de España ya que, a cambio, están exigiendo reformas económicas.

La presión política y las condiciones establecidas por el BCE y los socios europeos, principalmente Alemania y Francia, para seguir comprando deuda soberana española y evitar que España tenga que ser rescatada por el BCE y el FMI, está exigiendo que, en contra de los principios ideológicos socialistas, muchos políticos piensen en medidas sensatas y observen algo más de cuidado en la gestión de los asuntos económicos y financieros del Estado porque, sin duda, afectan muy seriamente al bolsillo de los ciudadanos españoles y europeos.

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