Es increíble lo fácil que personas inteligentes, medios de comunicación y el entorno que rodea la vida política se dejen enredar por la riada de confusión del procés y sus artimañas. Hasta el punto de que el ruido y la dinámica del propio relato arrastran a todo el mundo, haciéndoles perder la referencia de las cosas.
Hace tan solo tres o cuatro años se discutía si un político afectado por una imputación debía dimitir o no. Era la culminación de la corrección política. Hace nada se se sustituyó imputado –de mayor calado semántico– por investigado, para evitar arruinarle la carrera política a cualquiera a partir de una imputación inducida falsamente por sus adversarios. Los casos de corrupción y las puñaladas electorales que PSOE, PP, Podemos y Cs se daban por debajo de la mesa para arruinar al contrario hilaban tan fino en la honradez debida que todos se ponían exquisitos con tal de echar a la calle a un edil, un alcalde o un tesorero del otro.
Pero uno se queda atónito ante las nuevas formas impuestas por el procés. Esa exquisitez exigida para juzgar a políticos de la vida nacional desaparece, se desvanece cuando se trata de aplicarla a los políticos golpistas presos o en trance de ser procesados. A pesar de las evidencias, ni uno dimite, siguen adelante, empecinados en el arrasamiento de cualquier forma de decencia política. Para ellos no cuentan las imputaciones, ni los procesos judiciales ni la prisión preventiva; su desvergüenza llega a pretender investir a quien ya había renunciado a su escaño en función de la última ocurrencia de Puigdemont. Caso de Jordi Sànchez.
Hemos perdido la medida de las cosas. Nos están acostumbrando a la impostura, a la obscenidad cognitiva, al relativismo jurídico, hasta convertir en virtud el vicio. Porque ¿qué es entonces quedar atrapados en el relato de las andanzas de Puigdemont, las arbitrariedades fascistoides del presidente del Parlament o las cloacas mediáticas del secesionismo en Cataluña, sino una legitimación mediática de la delincuencia política normalizada?
Exactamente igual que en la violación de los derechos lingüísticos en la escuela de Cataluña. Nuevamente, aquí, un ejército de plumillas y un entorno político lamentable bracean a favor o en contra de incumplimientos legales que en la mayoría de los casos desconocen y en el resto manipulan. El último, la renuncia del Gobierno de España a incluir en las instancias de inscripción escolar para el curso que viene la casilla de opción lingüística. Según el ministro Méndez Vigo, el Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña porque el 155 no puede modificar la LEC de 2009. Lamentable, ni siquiera dice la verdad. El TC ha desautorizado la fórmula diseñada por el exministro Wert en la Lomce para obligar al Gobierno de la Generalidad a ofrecer un 25% de clases en español, pero sigue en vigor la sentencia del TC que obliga a la Generalidad a garantizar ese 25% ¡como mínimo! Y ésta sigue sin cumplirse. Es decir, sigue en vigor lo que ya se dijo en sentencias anteriores (337/1994 y la del Estatuto de 2010 del TC), en que se deja sentado que catalán y castellano son lenguas vehiculares y ninguna puede ser exclusiva ni excluyente. Y encima pretenden llevar al Parlament una proposición de ley para garantizar esos derechos que ahora no quieren cumplir. ¿Pretenden que sea un Parlament nacionalista, con el PSC en la proa, lo que demuestre que es imposible eliminar la inmersión, para lavarse las manos? ¡Cuánto caradura! Tanto criticar a los nacionalistas, y son siempre los Gobiernos de España los que o no se oponen a los atropellos o trapichean los apoyos para formar Gobierno con aquéllos.
Hagan como Alejandro Magno, saquen la espada y corten el nudo, no dejen que el laberinto marañoso en el que los nacionalistas nos están despojando de todos los derechos y poniendo las bases de la voladura de España nos haga perder la visión general: en Cataluña no hay inmersión, hay monolingüismo ilegal. Los únicos que son sometidos a inmersión son los niños castellanohablantes, los catalanohablantes estudian en su lengua. ¿En nombre de qué los hijos de unos pueden estudiar en su lengua y los hijos del resto no?
En Cataluña no pretenden normalizar el catalán, sólo es la disculpa para borrar todo rastro del español y, con él, lo que representa la unidad lingüística y cultural de todos los españoles. Como bien decía esta mañana Federico J. Losantos, el español es la lengua de España, las demás sólo son lenguas de España.
Son demasiados años leyendo autos y sentencias. Son demasiados años comprobando que los nacionalismos nunca cumplirán ninguna. Ha llegado la hora de acabar con este modelo territorial de reinos de taifas y fuleros. De momento, Hablamos Español sigue recogiendo firmas para llevar al Congreso, aquí sí, una ley de lenguas que nos garantice poder estudiar y utilizar el idioma común de todos los españoles en cualquier lugar de España.