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Carlos Alberto Montaner

Correa al banquillo

En el futuro, llegará al Gobierno un grupo adversario de personas agraviadas por él que acaso podrán probar con relativa facilidad que Correa los injurió pública y notoriamente, los acusó sin pruebas de delitos inexistentes, y, además, prevaricó.

Me temo que Rafael Correa, el presidente de Ecuador, ha abierto la caja de los truenos. El juicio contra el periódico El Universo y su rencoroso empeño en encarcelar al periodista Emilio Palacio y a los directores de ese diario acabarán por convertirlo a él en reo de esos mismos delitos cuando cambien las tornas. Hoy el presidente Correa en gran medida controla el poder judicial, pero en América Latina, y especialmente en Ecuador, ése es casi siempre un fenómeno pasajero.

En el futuro, llegará al Gobierno un grupo adversario de personas agraviadas por él que acaso podrán probar con relativa facilidad que Correa los injurió pública y notoriamente, los acusó sin pruebas de delitos inexistentes, y, además, prevaricó y violó las leyes que regulan la independencia de los jueces, delitos todos extremadamente graves que pudiesen acarrearle una multa millonaria y largos años tras las rejas. Es muy sencillo: quien utiliza los tribunales para reñir sus batallas políticas, inevitablemente acabará siendo víctima de sus propias tácticas.

Por lo pronto, es muy probable que el Inter American Institute for Democracy lo demande ante diversos tribunales por calumnia reiterada. Una de las consecuencias de internet y de la globalización es ésa: los delitos de injuria y calumnia divulgados por ese medio y por la televisión internacional dejan de ser locales. La jurisprudencia ya comienza a ser diáfana: cuando un jefe de Gobierno y una institución oficial cometen esos delitos y utilizan para difundirlos canales internacionales de comunicación, la querella puede ser interpuesta en cualquier sitio. Por ejemplo, ante tribunales imparciales que no están al alcance de la influencia de quienes han cometido esas graves faltas.

Los hechos ocurrieron de esta manera: el 23 de septiembre del 2010, el Inter American Institute for Democracy, como antes había hecho con otros ex gobernantes, invitó al ex presidente Lucio Gutiérrez a dictar una charla en Miami en colaboración con una de las grandes universidades de la ciudad. Dicha conferencia, que fue abierta al público y a la prensa, fue filmada y colocada en internet, como es habitual en los actos que organiza esta institución. Gutiérrez, en esa oportunidad, fue muy crítico con el gobierno de Correa y habló del descontento de las Fuerzas Armadas con el joven presidente. No dijo nada, por cierto, que no hubiera expresado antes docenas de veces en Ecuador.

Una semana más tarde, el 30 de septiembre, se produjo en Ecuador una lamentable revuelta de la policía motivada por unas disputas salariales. El episodio, que no debió pasar de ese punto, tomó otro cariz cuando el presidente Correa se enfrentó personalmente a los amotinados y acabó retenido por ellos en un hospital de donde lo sacó un comando del ejército en una operación violenta que le costó la vida a varias personas.

Y es a partir de ese punto donde el presidente Correa y otros funcionarios de su Gobierno comienzan a calumniar al IAID y a sus directivos, acusándolos de una supuesta conspiración para derrocar al gobierno en complicidad con Gutiérrez –es decir, imputándoles falsamente un grave delito–, extremo que la institución y sus representantes negaron con vehemencia.

Poco después, tras dar tiempo para que se serenara la situación y el Gobierno ecuatoriano tuviera toda la información a su alcance, el presidente de IAID, el profesor Guillermo Lousteau, un jurista prestigioso, le escribió una carta pública al presidente Correa pidiéndole que se retractara de esa peligrosa acusación o que la probara. Correa ignoró la carta y algunos de sus portavoces redoblaron la campaña de calumnias.

Es una pena. Ante ese nivel de contumacia sólo queda la vía penal, ahora reforzada por la propia actuación de Correa contra D. Emilio Palacio y El Universo. El precedente es perfecto: si la honra del presidente de los ecuatorianos vale ochenta millones de dólares por una supuesta injuria (que el autor desmiente y, en todo caso, estuvo dispuesto a rectificar), y si se lava con la prisión de quienes, según él, lo han ofendido, ¿cuánto vale la honra de los directivos del IAID y cuánto tiempo debe pasar en la cárcel el señor Correa por la fabricación por parte de su gobierno de una conspiración que no existió, de un golpe que no fue y de unos hechos con los que absolutamente ningún directivo de la institución norteamericana tuvieron la menor relación?

Eso es lo que se ventilará en los tribunales. Ya sabemos cómo actúa el presidente Correa cuando demanda en un medio que domina. Veremos qué sucede cuando es demandado ante jueces imparciales.

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