Hace tiempo que sigo el destino de aquellas apps que nos iban a permitir tener controlado y rastreado al virus. Una de ellas está en mi móvil, ya no sé bien para qué. Como reliquia. Su fracaso ha sido estrepitoso. Lo ha sido aquí, pero también han fracasado sus homólogas en otros países de Europa. Se han esfumado las esperanzas depositadas en ellas hace una decena de meses, cuando el gran objetivo era imitar, en parte al menos, lo que hacían en Corea del Sur para mantener la epidemia a raya. No se habla ya de las apps, salvo para certificar que no han funcionado. Es una desaparición silenciosa. Como si no se quisiera reconocer que o no sirven o no se ha podido hacerlas eficaces.
Traigo aquí lo de las apps, no para explorar las causas de su fracaso, algunas sencillas, como la falta de usuarios, y otras más complejas, como las que expone este artículo en Foreign Policy, sino para recordar cuál fue el debate que suscitaron en nuestro entorno. El gran debate no fue sobre si eran útiles o no. Lo que encendió realmente la discusión –y las alarmas– fue si respetaban la privacidad y la protección de datos. Esto era el sanctasanctórum. Lo que más debía importar. E igual ahora, en la discusión sobre los pasaportes covid, que algunos países europeos propugnan y otros ven con reticencias, la protección de datos está en la lista de objeciones. Como también están las restricciones a los derechos individuales que afectarían a quienes no tuvieran tal pasaporte. La UE se ha propuesto preparar un marco común para elaborar un certificado de vacunación que “garantice la privacidad y la seguridad”.
Garantizar la privacidad y evitar restricciones a los derechos individuales. Suena fantástico. Y es fantasioso. Porque, desde hace un año, las restricciones a los derechos individuales son comunes y corrientes en muchas democracias europeas, incluida la nuestra. Es decir, en democracias plenas, como se dice ahora en España, para diferenciarlas de no se sabe cuáles. Fuera bromas: ¿esto es serio? Durante todo este tiempo, Gobiernos y dirigentes políticos, asesorados por expertos y científicos –que nadie ha elegido–, han aprobado medidas que han supuesto la mayor restricción de derechos de la historia reciente. Y que han afectado a todos los ciudadanos. Han limitado la movilidad de las personas y sus contactos, han enclaustrado a la población, han privado a muchos de su medio de vida, han impedido abrir comercios, bares, escuelas o empresas. Todo esto se ha hecho, ¿y los grandes problemas, aquellos que se discuten hilando muy fino en las altas esferas, son el respeto a la privacidad, la protección de datos y la restricción de derechos de los que no se quieran vacunar?
No diré que esos no son problemas, pero ¡vaya desequilibrio! Las restricciones más amplias y más duras de los derechos individuales se imponen con una facilidad pasmosa, pero cuidado con violar la privacidad, ojo con la protección de datos y mucha precaución con los derechos de los que no se vacunen. Si así van las prioridades, esto es Bizancio: discutiendo sobre el sexo de los ángeles, mientras los invasores cierran el cerco. Es un extraño mundo el de la pandemia. O al revés: la pandemia está revelando lo extraño que era.