La investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta es una pésima noticia para Andalucía y para todos los españoles. Este jueves será elegido presidente con los votos de los diputados del PSOE e IU que suman más escaños que el partido más votado en las elecciones, el PP. Así funciona un sistema parlamentario y no cabe objeción alguna a la legitimidad del acuerdo alcanzado entre los dos partidos que formarán el Gobierno. Del mismo modo que un pacto PP-Foro-UPyD en Asturias puede quitar al Gobierno al PSOE, la lista más votada en la región. Sería deseable que gobernase la lista más votada, pero las reglas de juego no se cambian una vez empezado el partido y Javier Arenas perdió el Gobierno andaluz cuando se quedó muy lejos de la mayoría absoluta.
La catástrofe está en las consecuencias del acuerdo de socialistas y comunistas: la perpetuación de un régimen corrupto que en los últimos 30 años ha situado a Andalucía a la cola de todos los indicadores de prosperidad de la Unión Europea. La tragedia es que los mismos gestores que han conducido a la región más poblada de España a una tasa de paro que ya supera el 30% estarán, al menos, 4 años más en el Gobierno. El escarnio está en que los responsables políticos del mayor escándalo de corrupción, el saqueo de los ERE, seguirán administrando los bienes de los andaluces. El desastre está en que a este sombrío balance hay que sumar la entrada en el Gobierno de Izquierda Unida con un enloquecido programa plagado de medidas liberticidas que, de llevarse a efecto, retrotraería a Andalucía al siglo XIX.
El discurso pronunciado por Griñán este miércoles no ha sido precisamente tranquilizador. Tampoco esperábamos lo contrario. Ha confirmado su desafío de incumplir el objetivo déficit, en una intervención que, por momentos, parecía más una moción de censura al Gobierno de Rajoy que una sesión de investidura. Griñán ha sido muy claro: seguirá malgastando el dinero público como lo ha venido haciendo hasta ahora. El punto álgido de la desfachatez llegó cuando se refirió al escándalo de los ERE. Con un antiguo compañero de gobierno en prisión, Griñán ensalzó a "rápida reacción" de la Junta en su investigación y denuncia.
Rajoy tiene un problema con Andalucía. Pero no lo tiene como presidente del PP, por haber perdido las elecciones, sino como presidente del Gobierno de España. Poco importa en el exterior, en la Unión Europea y los mercados, si el incumplimiento del objetivo de déficit es responsabilidad directa del gobierno de la Nación o de una autonomía. El desafío planteado por Griñán pone a prueba la credibilidad de España y el Gobierno tiene instrumentos para impedirlo. Si una autonomía no cumple debe ser intervenida. No caben titubeos.