La noticia de que el juez del Tribunal Supremo español, Enrique Bacigalupo, ha estado cobrando desde 1987 una pensión de nada menos que 3.500 dólares (cerca de setecientas mil pesetas) al mes del Gobierno argentino por los escasos dos meses que ocupó el cargo de Procurador del Tesoro de ese país durante el breve y obscurísimo gobierno del peronista Héctor Cámpora ha provocado un justificado escándalo en esa nación arruinada. No es para menos. Cuando las autoridades de aquel país han inmovilizado y depreciado los ahorros de su población y pagan pensiones de miseria –la que cobran casi dos millones de argentinos no es superior a las 14.000 pesetas al mes– que todos los políticos hasta la categoría de secretarios de Estado y equivalentes que pasaron por la función pública y legisladores hayan tenido y sigan teniendo derecho a jubilarse antes que el resto de los ciudadanos y con una paga tan especial constituye un agravio comparativo absolutamente intolerable.
El caso de Bacigalupo es, sin embargo, mucho más hiriente pues, al escasísimo tiempo que sirvió como Procurador y a la elevada cuantía de su paga, se une el hecho de que la viene percibiendo desde 1987, cuando apenas tenía 49 años cumplidos y ya había emigrado a España.
Este escándalo que se vive en Argentina también debe ser, no obstante, motivo de preocupación en España, al ser el protagonista actualmente nada menos que miembro del Tribunal Supremo de nuestro país. No sabemos qué intereses tiene el Gobierno argentino en seguir manteniendo tan privilegiado trato a alguien que ya no vive en su país de origen y ocupa un cargo tan relevante y decisivo en la magistratura de una nación extranjera. Tampoco sabemos por qué Bacigalupo designó a la esposa del ex ministro de Interior del Gobierno de Cámpora, Esteban Righi, como su apoderada para que le efectuara el cobro de la jubilación.
Todo ello y mucho más debe ser objeto de investigación en nuestro país. El Supremo ya determinó en su momento que era ilegal que, además de sus ingresos de unos 16 millones de pesetas anuales como miembro de ese Tribunal, Bacigalupo recibiera un sueldo como profesor en una centro privado, tal y como el Supremo lo determinó y ratificó rechazando el recurso del juez en diciembre de 2000. Es cierto que en el caso que ahora nos ocupa la ley no establece incompatibilidad alguna frente a la nueva fuente de ingresos a la que recurre el Juez. La Ley, sin embargo, es clara en lo que respecta a Hacienda y en la declaración de ingresos.
Bacigalupo ha reconocido a Onda Cero que efectivamente le había sido asignada la pensión jubilatoria por él solicitada, pero que “no recordaba exactamente” si, posteriormente, había renunciado a ella o no. ¡Ay que ver que pasadas juega la mala memoria!...
Desde luego, es preocupante que alguien no recuerde si ha renunciado o no a unos cobros mensuales tras haber efectuado una instancia para reclamarlos y después de haber recurrido a una apoderada para cobrarlos. Más aun, si se tiene en cuenta que, desde 1987, esas transferencias suponen más de 85 millones de pesetas. ¿Será Bacigalupo tan olvidadizo también a la hora de declarar a Hacienda la totalidad de sus ingresos?
Dada la mala memoria del Juez, debemos decir que Onda Cero ha confirmado por fuentes oficiales argentinas que Bacigalupo ha cobrado religiosamente todas las mensualidades de su pensión, incluida la del pasado febrero. Esta última la recibió en pesos, unos 2.000 euros, tras el cambio de paridad de la moneda argentina.
A todos es exigible el cumplimento de la Ley. Más que a nadie, a quienes se dedican a administrar justicia. Los jueces no sólo deben ser honrados sino también parecerlo. Las dudas hay que disiparlas y la trayectoria de Bacigalupo está sembrada de ellas. Aunque legal, ya es preocupante que un Juez de nuestro Tribunal Supremo cobre de la saqueada Hacienda argentina. Lo que sería, además, escandalosamente delictivo es que el saqueo también lo sufriera la nuestra.
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