No parece que los discursos de los dos principales candidatos a la Moncloa contribuyan a aplacar a unos mercados que han puesto a España en su punto de mira. En las actuales circunstancias, puede ser cuestión de días que nuestra nación pierda la escasa soberanía económica que aún le resta para ser sometida a una dura política de ajuste dictada desde el exterior. La escalada del interés al que el Tesoro coloca deuda y de la prima de riesgo podría tener consecuencias desastrosas para España mientras los políticos se ciñen a unos plazos postelectorales cuya amplitud contrasta con la urgencia de la situación. Es absolutamente necesario acortar esos plazos y que el Gobierno que resulte de las urnas no tenga que esperar hasta finales de año para poder tomar medidas. En menos de una semana a partir del domingo debería constituirse el Congreso electo, puesto que la Constitución, en su artículo 68, fija para ese trámite un plazo máximo de 25 días, no que tenga que transcurrir todo ese tiempo, como ha venido sucediendo elección tras elección. También sería de desear que Rajoy transmitiera algo más que su negativa a aceptar órdenes del exterior y, al tiempo, sus buenas intenciones de rigor y ajuste. La falta de interlocución oficial, la ausencia de referentes claros en las principales instituciones y entidades económicas públicas, las quinielas ministeriales mientras España se va a pique con el pago de unos intereses por la deuda pública que superan los cien millones de euros al día, están resultando letales para una nación sometida durante los últimos años a la ineptitud, en algunos casos delictiva, de los gestores y políticos socialistas.
El récord de la prima de riesgo junto a la horrenda gestión económica del Gobierno del PSOE, cuya última y patética comparecencia económica ha sido para reconocer que habían inflado las cifras de previsión de crecimiento, han terminado por enterrar políticamente a Rubalcaba. Con esa última y gran mentira sobre el crecimiento de la economía, reconocida ante la inminencia del desalojo, se despide un Ejecutivo que ha colocado a España en una situación tan crítica que habría que remontarse a la fase franquista de la autarquía para encontrar algo parecido. Es de esperar que el veredicto de las urnas haga recapacitar a los socialistas y que acepten abandonar el poder en cuestión de días, sin agotar unos plazos que lastrarían, más si cabe, las posibilidades de remontar el vuelo.
Que la ministra Salgado haya presumido y se haya pavoneado por Europa con unas previsiones de crecimiento falsas, cuestionadas por todos los organismos económicos externos, explica la nula credibilidad de nuestros planes hasta ahora, así como la catadura moral de los miembros de un Ejecutivo que a la hora de la verdad han puesto por delante de los intereses nacionales los suyos, los de su partido y los de sus afines. El destrozo en las finanzas públicas puede ser de tales dimensiones que en cualquier otro país con una clase política y judicial a la altura de las circunstancias la gestión del Gobierno del PSOE constituiría materia penal. Sin embargo, los ministros y ministras (eso sí) que quisieron controlar por decreto la temperatura del aire acondicionado; los del plan bombilla; los que obligaron a los conductores a no superar los 110 km/h; los que crearon un Ministerio de Vivienda y las "Kelly finder", los que en ocasiones veían brotes verdes; los de las dos tardes para aprender economía y los mismos que decían que iba a bajar el paro, todos esos dejaran los ministerios ajenos a las consecuencias de la ruina que han causado.