El Gobierno ha decidido poner en marcha un vasto programa de ayudas, subsidios y subvenciones a numerosos colectivos a sólo diez días de las elecciones autonómicas y municipales. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha incluido una nueva edición de las ayudas para la compra de vehículos –el conocido Plan PIVE–, un aumento de las subvenciones al cine, la concesión de créditos extraordinarios para paliar los efectos de la sequía en las cuencas deficitarias y un incremento de la financiación para la producción del carbón nacional.
De entre todas esas medidas, ninguna posee un carácter electoralista tan marcado como el incremento de las pensiones a las mujeres con dos o más hijos, propuesta que pone de relieve el desparpajo de este Partido Popular a la hora de poner en práctica las promesas demagógicas que tradicionalmente han caracterizado a los partidos de la izquierda española en época electoral.
El Gobierno ha tratado de justificar este gesto hacia las pensionistas incluyéndolo en un repentino Plan de Apoyo Integral a la Familia que apenas tiene otra virtualidad que adornar con ese concepto lo que no es más que una utilización de los fondos públicos para ganar el favor de los votantes a unos días de una importante cita electoral.
Ni siquiera la necesidad de someter a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo cualquier decisión que afecte al sistema público de pensiones ha impedido al Gobierno hacer gala de esa prodigalidad con el dinero de todos. El anuncio ya está hecho y poco importa que más tarde la propuesta inicial quede desdibujada o directamente suprimida, puesto que los réditos electorales de este anuncio ya habrán sido cobrados.
El Gobierno se aprovecha de la mentalidad gregaria de gran parte del electorado y del peso electoral de los pensionistas con una medida que, más allá de la necesidad de mejorar las depauperadas pensiones públicas, da la medida de la disposición del Ejecutivo para servirse del dinero público en beneficio propio.