Mientras el aún presidente pero ya no líder del PP, Pablo Casado, se reunía este miércoles con los barones territoriales del su partido –reunión a la que no fue invitado el más importante de ellos: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– para ver si podía posponer su dimisión hasta el martes, día en que se reunirá la Junta Directiva popular, el presidente en funciones de Castilla y León y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, hacía lo propio con el candidato de Vox, Juan García Gallardo.
Si el deseo de Casado de posponer su dimisión, lejos de constituir una "salida digna", no es sino una forma de prolongar el "show y la sangría" –su única salida digna habría sido dimitir antes que Teodoro García Egea–, el aparente empecinamiento de Mañueco en formar Gobierno en solitario no deja de ser una continuidad inercial de la injusta, acomplejada y autodestructiva estrategia de Casado-Egea de vetar la presencia de Vox en los Gobiernos del PP, por mucho que este necesite el apoyo de la formación de Santiago Abascal.
Es cierto que la voluntad de Mañueco de mantenerse al margen de Vox pareció este miércoles menos firme, con el vacío de poder que impera en Génova; y que aquel ha ofrecido un acuerdo programático a Gallardo a cambio de que Vox se quede fuera del Gobierno regional y se abstenga en la votación de su investidura. Aun así, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: por qué los 12 diputados que obtuvo en las regionales de 2019 dieron a Ciudadanos derecho a gestionar cuatro consejerías en la Junta presidida por Mañueco y sin embargo los 13 que acaba de conseguir Vox no le dan derecho a una sola.
La cuestión sigue siendo por qué el PP no toma a Vox como un socio natural; como un partido de impecable trayectoria de lealtad y defensa del orden constitucional; como un partido que no deja de estar dirigido por personas que formaron parte del PP de José María Aznar. La cuestión sigue siendo por qué, en lugar de eso, el PP hace suya la falsa caricatura que hace la izquierda de él, que lo presenta como un partido fascista, enemigo del orden constitucional, contrario a la igualdad de los españoles, con el que ninguna formación democrática debe formar Gobierno. Esa acreditable pero bien orquestada falsedad la lanza la izquierda no tanto para lograr que la gente no vote a Vox como para que el PP se vede pactar con él. Y esta cuestión decisiva –quizá la más decisiva al abordar la manera de desalojar a los socialistas del poder– interpela a Mañueco pero en mayor medida a los que dirijan el PP tras la salida de Casado y García Egea.
Quienes sustituyan tienen derecho a que el electorado liberal-conservador les dé tiempo y un voto de confianza en sus nuevas responsabilidades. Y eso al margen de cuáles hayan podido ser sus antecedentes en asuntos tan esenciales como la defensa de la independencia del Poder Judicial, del derecho efectivo a estudiar en español en toda España, de la igualdad ante la Ley entre hombres y mujeres y del derecho del PP a llegar a acuerdos con las formaciones ubicadas a la derecha del PSOE, empezando por Vox, para desalojar a Sánchez de la Moncloa. A lo que no tienen derecho es a cometer los mismos errores que Casado y Egea y a volver a traicionar a su electorado. Sería funesto tanto para el PP como para España.