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Extranjeros en su propio país

De esta vulneración de los derechos lingüísticos de millones personas son culpables los Gobiernos regionales que la perpetran y los Gobiernos centrales que les dejan perpetrarla.

EDITORIAL
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Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurase pomposamente hace unos meses que "nadie va a convertir a los ciudadanos de Cataluña en extranjeros en su propio país", lo cierto es que millones de españoles son tratados desde hace décadas –y no sólo en Cataluña– como extranjeros en su propio país en lo que a la vulneración de sus derechos lingüísticos se refiere. No otra cosa les sucede a los ciudadanos de muchas comunidades con lenguas cooficiales cuando se vulnera su derecho a recibir la enseñanza en castellano, a dirigirse en esa lengua a cualquier Administración pública o a ser atendido en su idioma sin demora y sin obligaciones añadidas. También cuando se viola su derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública y viaria.

Así viene a denunciarlo, como ya lo hiciera el Manifiesto de los 2.300 hace 35 años, el documento Por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España, suscrito este lunes por distintas asociaciones y entidades radicadas en comunidades como Cataluña, País Vasco, Baleares, Galicia o Valencia. Ciertamente, se ha confundido el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.

Treinta y cinco años después del Manifiesto de los 2.300, la situación dista de haber cambiado. Al contrario, los males ahí denunciados se han agravado y extendido, como ponen de relieve los numerosos casos de discriminación y las normativas autonómicas que erradican el idioma común de los centros de enseñanza, de las Administraciones, de los medios públicos de comunicación, etc.

De esta vulneración de los derechos lingüísticos de millones personas son culpables los Gobiernos regionales que la perpetran y los Gobiernos centrales que les dejan perpetrarla. Este incesante atentado a los derechos civiles no se aprovecha de ningún vacío legal ni de la inexistencia de sentencias en su contra: el ordenamiento jurídico español, así como la Constitución, es muy claro al defender el derecho y el deber de los españoles a usar el castellano. En cuanto a la jurisprudencia, son numerosísimos los pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional contra tales desmanes.

Lo que hace posible esta situación es la determinación de los nacionalistas de vulnerar la ley y la vergonzosa renuencia de los gobernantes nacionales a hacerla cumplir. El resultado de esta nefasta conjunción es que, sin necesidad alguna de que a ninguna comunidad autónoma se le reconozca como república o Estado independiente, España ya sufre una quiebra como nación entendida como Estado de Derecho, y que muchos españoles son tratados como extranjeros en su propio país.

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