Si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente –tal y como dice el conocido aforismo de Lord Acton–, a nadie debería extrañar que el mayor caso de corrupción de la democracia –la trama de los ERE fraudulentos– se haya producido en una región como Andalucía, donde los socialistas han ejercido durante décadas un poder omnímodo. Más que dirigir un Gobierno, los socialistas instauraron en Andalucía un autentico régimen que les blindaba frente a todo tipo de control externo e interno y les procuraba una vasta red clientelar, a la que destinaban cuantiosos recursos públicos.
Sólo así se explica el grado de corrupción institucionalizada que viene a señalar el auto del juez Álvaro Martín, por el que los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán se van a sentar en el banquillo de los acusados, junto a otros 24 altos cargos de la Junta: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".
Y es que ningún delito de malversación o de prevaricación hubiera podido ser perpetrado de forma tan continuada en el tiempo si no fuera por esa sensación de absoluta impunidad que el poder absoluto otorga a quien lo detenta.
Hará falta tiempo todavía para conocer el sentido de las sentencias, pero lo que ya ha quedado demostrado es el buen hacer de la perseverante juez de instrucción, Mercedes Alaya, quien durante años luchó contra viento y marea para llegar al fondo del asunto, soportando presiones, descalificaciones e improperios provenientes de las filas socialistas. Si en el PP hubo quien pidió a Barcenas que resistiera, en el PSOE no faltaron quienes procuraron que Alaya desistiera.
Las declaraciones de Pedro Sánchez de este miércoles, en las que ha presumido de contundencia, no deberían hacer olvidar a nadie la falta de autocrítica que por este asunto ha imperado en todo momento en el PSOE nacional y en el andaluz. Si Chaves y Griñán, que este miércoles se han dado de baja como militantes del partido, dimitieron como diputado y senador, respectivamente, no fue a causa de ninguna ejemplar y voluntaria asunción de responsabilidades, sino más bien por las condiciones impuestas por Ciudadanos para respaldar la investidura de Susana Díaz.
Todo Gobierno, por muy mayoritariamente respaldado que esté, debe ser fiscalizado y sometido a la máxima transparencia. Porque las urnas no constituyen fuente de justificación alguna para incurrir en corrupción.