La Semana Santa se acerca, la pandemia campea, pero menos, y a los españoles que por ahora sobrevivimos a ella se nos está poniendo cuerpo de jota viajero. Ante esta perspectiva, muchas comunidades autónomas, con el facundo Revilla al frente, piden que todas adopten iguales medidas de restricción de la movilidad. Nadie quiere ser culpado de la posible cuarta ola que podría traer un excesivo relajo. Pero tampoco nadie quiere pasarse de duro y tener que soportar las recriminaciones de sus hosteleros mientras en otros sitios, manga ancha mediante, sus compañeros se van recuperando gracias a unas medidas menos rigurosas. Lo mejor para evitar una absurda carrera para ver quién es más permisivo o para descubrir quién es más incomprendido por su rigor es que las restricciones las imponga el Gobierno en toda España. Albricias, conversos, bienvenidos sean Revilla y quienes le sigan al bondadoso y alegre mundo del centralismo. Ya clamaron por el retorno del centralismo cuando Ayuso se negó a ser tan severa con los restaurantes como lo estaban siendo en otros sitios. La pusieron como chupa de dómine y ahora que sus cifras no son peores que las de las demás nadie ha pedido disculpas. Es más, las peores fueron con mucho las de Valencia, a pesar de haber sido su Gobierno nacional-social-comunista uno de los más duros, y nadie dijo nada.
Claro. Lo mejor sería que el Gobierno decidiera lo más conveniente para todos y sus medidas se aplicaran uniformemente a toda España, y se evitaría que unas comunidades compitieran con otras sin estar demostrado que las duras limitaciones que se toman en perjuicio de tantos sirvan para algo. Como también se evitaría que unas puedan atraer torticeramente turistas relajando las que otras mantienen “por salvar vidas”. Es lo mismo que pasa con la fiscalidad. Que a la mayoría les fastidia que Madrid recaude más con impuestos más bajos y exigen armonización en vez de preguntarse si no sería mejor bajarlos en su autonomía y ver si así se benefician de la misma prosperidad que Madrid. Tanto en el caso de la pandemia como en lo del Fisco, casi todas prefieren por prejuicios ideológicos seguir cercenando la libertad sin aval científico y lastrar la economía con impuestos altos. Y lo único que quieren es que el Gobierno armonice para que no se note su torpeza y su sectarismo.
El argumento vale para todo. Podría defenderse que, para evitar las desigualdades entre autonomías en educación, sanidad, comunicaciones, vivienda y servicios, el Gobierno lo armonizara todo. La Constitución lo permite. No se hace porque Cataluña se niega a ser armonizada en nada. Y porque, llevado el argumento a su última consecuencia, se haría evidente que lo que hay que hacer es acabar con las autonomías. Si los que las maldirigen en Cataluña, Cantabria o Valencia quieren que las demás no les pongan en evidencia, que exijan su desaparición y, de paso, la del rosario de inútiles cargos autonómicos gracias a los cuales vive sin dar golpe tanta gente. Mientras no lo hagan, que dejen al menos que las pocas que están bien gestionadas se beneficien del acierto que tuvieron sus electores cuando votaron a quienes hoy las gobiernan.