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Emilio Campmany

La libertad de expresión bien entendida

Si hoy los comunistas están en el Gobierno, algunos de los máximos responsables son La Sexta y sus dueños.

Si hoy los comunistas están en el Gobierno, algunos de los máximos responsables son La Sexta y sus dueños.
La Sexta

Cuando Cayetana Álvarez de Toledo denunció que La Sexta hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia, nadie se escandalizó por la constatación de semejante perogrullada. Incluso El País, que sí se hizo eco de la entrevista que Alsina le hizo en Onda Cero a la portavoz, omitió por obvia la grave acusación en su edición de papel. Porque, a ver, La Sexta es una cadena de televisión y como tal es un negocio. Y erosiona los valores democráticos por apoyar a un Gobierno que respaldan comunistas, enemigos de la democracia por definición, e independentistas, incluidos filoetarras, que pretenden destruir la base en la que se asienta esa democracia, y que no es otra que la nación. Se alegará que hay muchos otros medios que hacen eso mismo y nadie los denuncia. Desde luego, pero ninguno lo hace en el régimen de monopolio que en su ámbito disfruta la cadena. La oposición no tiene ninguna televisión y La Sexta, la única privada que destina buena parte de su programación a la información, se dedica desde que se creó a respaldar a quienes, desde el punto de vista de Álvarez de Toledo y de muchos otros españoles, tratan de erosionar los valores de nuestra democracia. Para entender la gravedad de la situación, hay que recordar que una inmensa mayoría de españoles se informa exclusivamente a través de la televisión.

Naturalmente, la acusación ha despertado la airada respuesta de la misma cadena y de otros medios del grupo, especialmente La Razón. El periódico llega a inventar un clamor entre los líderes del PP que exigen que Álvarez de Toledo sea fulminada por Casado. Nadie más que ellos ha percibido esa ola de indignación. No sólo, sino que de paso el periódico aboga por la vuelta del rajoyismo, alabando la purga que el gallego emprendió tras las elecciones de 2008.

Y, sin embargo, el PP de Rajoy tiene una responsabilidad altísima en la amenaza que para nuestra democracia constituye La Sexta. La creó Zapatero y se la dio a Roures para ser el buque insignia de un entramado mediático que respaldara a su PSOE y poder él emanciparse de la tutela de Prisa. Cuando Roures se hartó de perder dinero con ella, la vendió al Grupo Planeta, pero la cadena siguió siendo lo que fue desde el principio, aunque ahora para servir a Rajoy. Para evitar el desastre al que le llevaba precisamente la purga que hoy tanto alaba La Razón, se montó la estrategia de respaldar a los comunistas bolivarianos de Podemos y restar así votos al PSOE. El mismo Mauricio Casals celebró el éxito de tan peligroso juego en una conversación que fue grabada en una investigación penal centrada en otros delitos. Eso fue y sigue siendo La Sexta. Y sus dueños ganan dinero con ello. Y los poderes públicos siguen, como siempre, protegiendo su monopolio. Si hoy los comunistas están en el Gobierno, algunos de los máximos responsables son La Sexta y sus dueños, además de los gobernantes que les pagaron el servicio. Denunciarlo no es un ataque a la libertad de expresión, es un modo valiente de ejercerla.

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