Hay tres cuestiones que pueden destacarse con ocasión de la sentencia de la Gürtel. La primera es la relativa al enfoque informativo previsible, que en muchos medios estará dirigido a exculpar a Rajoy. Valga el ejemplo de la crónica de El País, que empieza por calificar el asunto como "la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española", lo que es ya, de momento, una grosera exageración. No es necesario acudir al escándalo de los ERE, cuantitativa y cualitativamente más grave, sino que basta repasar lo que fue el felipismo para apreciar la falta de ponderación del cronista. Luego, la misma crónica se refiere a la trama en los siguientes términos: "La red corrupta que anidó en el PP nacional durante el aznarismo". Esto tampoco es cierto, porque la época examinada va de 2000 a 2008, y durante la segunda mitad de ese período el presidente del partido era Rajoy. Aparte, el llamado a declarar como testigo no fue Aznar, sino el gallego. Y lo fue por ser presidente del partido durante parte del lapso escrutado, no por ser uno de los dirigentes del aznarismo.
La segunda cuestión es la de la caja B del partido. Este asunto ha quedado para otro juicio, pero la sentencia da por hecho que el dinero que Bárcenas mantenía oculto al fisco no era suyo, sino del PP. Si efectivamente es así, no estamos ante lo que la propia sentencia presenta, esto es, un entramado corrupto de algunos dirigentes del PP conchabados con Correa, sino ante una trama orquestada desde y para el partido. La misma sentencia, aunque hay un voto particular en contra, condena al PP por haberse beneficiado a título lucrativo y no es fácil digerir que Bárcenas y unos pocos alcaldes, por su cuenta y riesgo, delinquieran para beneficiar cuantiosamente al partido renunciando a lucrarse exclusivamente ellos. En tales condiciones, la responsabilidad política no puede estar limitada a Bárcenas. Si Ana Mato tuvo que dimitir por beneficiarse por el mismo título que el PP, los dirigentes del partido de entonces deberían igualmente dimitir.
Por último, llama la atención el trato que la sentencia da a las esposas de políticos y empresarios corruptos, al extender a algunas de ellas la responsabilidad penal. Esta condena contrasta ácidamente con la exculpación de la que se benefició la infanta Cristina en el caso Nóos. Es más, la colaboración de las esposas de Bárcenas y Correa, con independencia de que se produjera, no fue necesaria ni esencial. En cambio, es obvio que los delitos cometidos por Urdangarín fueron sólo posibles por estar casado con doña Cristina. Habrá sutilezas legales con las que explicar la diferente calificación, pero a bote pronto parece injusto.
Mientras, nada menos que el secretario de Estado de Hacienda está imputado por delitos económicos muy graves y a nadie parece preocuparle que Montoro mantenga a este sujeto al frente de la institución que requisa de forma inclemente el dinero que los españoles ganan con su esfuerzo. Un dinero que precisamente, en más ocasiones de lo soportable, acaba distrayéndose en corrupciones del estilo de la Gúrtel.