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Contra el despilfarro autonómico

La nueva ley debe venir acompañada de otros elementos igual de importantes o más para evitar que en el futuro pueda repetirse una crisis fiscal como la actual. Uno de ellos es el de las responsabilidades de quien incumpla los objetivos presupuestarios

Emilio J. González
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El anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera que acaba de aprobar el Gobierno constituye un primer paso positivo para poner orden en las cuentas públicas, que debe venir acompañado de medidas de un calado todavía más profundo. La ley supone la transposición de la directiva comunitaria sobre presupuestos nacionales y, de entrada, permite al Gobierno central empezar a recuperar un control sobre la política presupuestaria que jamás debió perder ya que dicha norma le faculta tanto para establecer los objetivos de déficit de las autonomías como un régimen de sanciones para quien lo incumpla. Además, al tener rango de ley orgánica, si el Ejecutivo consigue sacarla adelante, para lo cual necesita el apoyo de tres quintos de los diputados, se impedirá que, después, futuros Gobiernos puedan cargársela de un plumazo, como hizo el de Zapatero con la anterior ley de estabilidad presupuestaria.
 
Todo ello constituye un punto de partida necesario para poder reducir lo antes posible el déficit público, uno de los elementos fundamentales para resolver la actual crisis económica.
 
Ahora bien, dicha ley debe venir acompañada de otros elementos igual de importantes o más para evitar que en el futuro pueda repetirse una crisis fiscal como la actual. Uno de ellos es el de las responsabilidades de quien incumpla los objetivos presupuestarios marcados por el Gobierno. La cuestión no es, precisamente, baladí, pues en el último año hemos visto cómo los socialistas vaciaban por completo la caja y dejaban comprometido el futuro financiero de aquellos lugares donde iban a perder el poder, mientras, por otro lado, la Generalitat de Catalunya se negaba a asumir los compromisos de déficit establecidos por el Gobierno.
 
Estas situaciones no pueden volver a repetirse. En su momento, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, avanzó la idea de las responsabilidades penales de los gestores públicos. Dichas responsabilidades deben tomar cuerpo de ley cuanto antes para que a nadie se le ocurra volver a hacer lo que hizo Barreda en Castilla-La Mancha o lo que está haciendo ahora Griñán en Andalucía porque con lo que están jugando es con algo tan importante como es el dinero de todos, que no se debe ni se puede dilapidar para comprar votos y para dejar el campo abonado de trampas al que venga después para, de esta forma, desgastarle políticamente.
 
Además, y creo que esto es lo más importante de todo, el Gobierno debería redefinir, o, mejor dicho, refundar el Estado de las Autonomías para dejar bien claro cuáles son las competencias del Estado y cuales las de las comunidades autónomas, de forma que éstas no invadan el terreno de aquél, como han venido haciendo durante años, mientras se olvidan de atender de forma adecuada competencias tan importantes como sanidad o educación con el fin de contar con recursos para financiar las políticas nacionalistas y/o otras políticas que no recaen, o no deben recaer en su ámbito competencial, por mucho que digan sus respectivos estatutos de autonomía. Probablemente, ello supondría tener que llevar a cabo cambios constitucionales, pero teniendo en cuenta en lo que ha degenerado el Estado de las Autonomías, dichos cambios son tan necesarios como inevitables a la hora de completar ese nuevo marco que impida a las autonomías seguir haciendo de las suyas. 

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