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ECUADOR

Nada que celebrar

No debería sorprender que, en una sociedad donde las autoridades parecen no respetar la ley, la policía amanezca pensando que puede hacer lo mismo y tome las calles.

Gabriela Calderón de Burgos
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La policía del país intentó demandar algo por la fuerza y no a través de los canales tradicionales y pacíficos: la Asamblea o las negociaciones directas con el Gobierno. En un Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, los ciudadanos son iguales ante la ley y ésta limita al poder, tal vez los policías hubiesen optado por esos canales pacíficos. Pero vivimos en un país donde no rige el Estado de Derecho; un país donde, desde hace cinco años, el Gobierno sistemáticamente demuestra que se pueden conseguir cambios por la fuerza. Vale señalar que un acto de fuerza puede ser llevado a cabo incluso con apoyo popular, como hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos años.

En Ecuador, el Estado de Derecho viene siendo socavado desde antes del 2000. El declive de la justicia se aceleró durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. No obstante, durante el actual Ejecutivo se han tomado medidas más radicales. El problema con esta forma de gobernar es que, tarde o temprano, otros grupos de la sociedad empiezan a dar al Gobierno una cucharada de su propia medicina.

Eso fue lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010. No pretendo respaldar el ilegítimo y deplorable comportamiento exhibido por los policías ese día, sino simplemente explicar por qué esa sublevación fue un preocupante síntoma de la grave desinstitucionalización a la que ha llegado el país.

Hace un año, el mundo vio la balacera entre nuestros militares y policías; ahora ve cómo la justicia se rinde ante el presidente en el caso del diario El Universo. Ambas imágenes son las de un país que vive bajo la ley de la selva: el más fuerte se impone.

El daño es grave, y la responsabilidad no recae solamente sobre el Gobierno, los policías y jueces de dudosa integridad, también sobre una mayoría de la sociedad que ha apoyado activamente la destrucción de las instituciones o no ha hecho nada para evitarlo.

Para muchos, abundan las preguntas sin respuesta: ¿quién dio la orden de abrir fuego?, ¿quién mató a Froilán Jiménez?, ¿por qué se eliminó evidencia del lugar de los hechos?, ¿por qué siguen clasificados documentos con información sobre lo sucedido? Para otros, lo que predomina es la tristeza por el ser querido muerto en aquella jornada.

Para los creyentes en las teorías de conspiración, abundan las respuestas y aparentemente las ganas de celebrar. La verdad oficial de que hubo un golpe lo explica casi todo y les da impulso para proseguir la caza de brujas, que también va a cumplir un año. Los demás, nada tenemos que celebrar en este primer aniversario. 

 

© El Cato

GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS, editora de El Cato.

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