Es posible que una aplicación rigurosa de la ley justifique el envío a prisión de Jesús Gil antes siquiera de celebrarse el juicio. Normal del todo, no parece, como tampoco que el caso de las camisetas del Atlético justifique su desalojo de la alcaldía. Y lo que resulta imposible es evitar la sensación de que otros personajes en situaciones similares e incluso con la mitad de presuntas fechorías económicas en su haber no sólo quedan libres de la sombra carcelaria sino de la mera hipótesis de que les alcance. Lo que se va publicando sobre las cuentas secretas del BBV es bastante más serio que lo de Marbella. Y aún más graves las responsabilidades de González, Solchaga y sus gobiernos en la creación y mantenimiento de ese “BBV secreto” cuyas cuentas utilizaban también para el cobro de “mordidas” de bancos y empresas, evidentemente a cambio de prevaricar luego a su favor. Pero González va impartiendo clases de ética mundo adelante, solo o en compañía de Cebrián; Carlos Solchaga sigue imponiendo su sólido criterio en el diario “Cinco Días” como director editorial y, mientras, Jesús Gil entra en la cárcel. La justicia será para todos, pero está claro que a unos los trata de una forma y a otros de forma bien distinta.
El resurgimiento informativo de la trama de Filesa, tan íntimamente ligada a la cara oscura del banco y a la cara dura de los banqueros favoritos del felipismo ha devuelto también a la actualidad el comportamiento de la Justicia en el Caso Filesa, que una actuación tan expeditiva como sonrojante –genuinamente peronista- de Bacigalupo redujo a su mínima expresión, tras haber promovido, desde el PSOE por acción y desde el CGPJ por omisión, el apartamiento del caso del juez Marino Barbero. Lo que se sabe hoy de Bacigalupo debería ser suficiente para revisar ese caso, porque su conducta, y probablemente su mismo nombramiento están fuera de los criterios éticos mínimos exigibles a un juez, máxime en el Tribunal Supremo. Es muy posible que Gil –como dice el juez- haya organizado en Marbella una estructura de tipo mafioso, donde reina la “omertá”. Pero en ese caso se parece mucho al comportamiento de ciertos grupos o asociaciones judiciales, por ejemplo la que está poniendo de manifiesto el “Caso del narco volador”, con un juez que no detiene sino que termina y hace público un expediente administrativo pasmosamente exculpatorio para los jueces inculpados mientras aún sigue en curso el proceso penal por prevaricación, refrendado por las más altas instancias judiciales. No es que muchos jueces hagan lo que les de la gana. Es que hay unos cuantos a los que no les importa que se sepa. Y a todos les pagamos el sueldo.
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